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Seguridad Privada: Continúa el entuerto legal

Seguridad Privada

Continúa el entuerto legal

Las empresas de seguridad privada, se enfrentan a la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESP). Burocracia, crisis en la industria y falta de claridad en la aplicación de la ley, son algunos temas que afligen al gremio.

Por Alan Mackenzie / Redacción C4

Ante la impotencia del Gobierno central de garantizar la seguridad a los ciudadanos, las empresas de seguridad privada empezaron a proliferar en todo el país. Las constantes quejas de los usuarios y a falta de control de las autoridades fueron el detonante que motivo la creación de la ley de empresas de seguridad privada, Decreto 52-2010, luego apareció el acuerdo gubernativo 417-2013, que contiene el reglamento para el funcionamiento de las sociedades prestadoras de servicios de seguridad privada y hoy la aplicación de estas normativas legales han causado resquemor en todo el gremio de seguridad privada.

Analizando la nueva ley y sus aplicaciones

Para Carmen Rosa De León Escribano, directora de la fundación IEPADES, la ley es un avance porque ha venido a llenar un vacío de actualización para la regularización del servicio de seguridad privada. De León comenta que los procedimientos y regulaciones que se emitieron en su momento, de alguna manera están generando cuellos de botella que impiden una regularización o un registro mucho más rápido, y afirma que hay muchas empresas que no están regularizadas y que es indispensable que la ciudadanía vea los beneficios de contratar empresas registradas legalmente. Sobre este tema el Capitán Rodolfo Muñoz Piloña Presidente de   la Gremial de empresas de seguridad privada adscrita a la cámara de seguridad, dijo: “la ley es buena yo creo que el problema es la aplicación”. Por su parte el Viceministro de Gobernación Lic. Eddy Juárez comento sobre la ley: “en realidad ya se están logrando las metas, tuvimos cierta dificultad inicialmente, en la formulación, la ley salió y nos dio muy poco tiempo para preparar a las empresas y preparar la institucionalidad para que ya pudiera

desarrollarse con mejor calidad de servicio”.

Con respecto a los avances reales afirmo el Viceministro Juárez que al momento ya se tienen las primeras 13 empresas, y que se les han dado 27 licencias, estas empresas son las que han llenado todos los requisitos de regularizarse y el resto de las empresas que son alrededor de 141 que tenían acuerdo Ministerial o acuerdo Gubernativo, ya están en proceso de regularizarse.

El Viceministro Juárez aclaroque a veces cuando muchos hablan de la ilegalidadde las empresas, esto no es cierto, porque cuando ya presentaron sus documentos para regularizarse, ellos ya quedaron amparados en la nueva ley, pero hace énfasis en la necesidad de que las empresas agilicen su regularización Juárez afirma que hay muchas solicitudes de empresas nuevas y que las están analizando.

La regularización ha sido fuente de inconformidady punto de desacuerdo, y sobre este tema De León Escribano dice que es indispensable agilizar el procedimiento de registro y regularización de las empresas, que ha sido bastante lento, por problemas de carácter administrativo y por su parte el Capitán Muñoz Pilona es más severo afirmando que el artículo 67 del decreto de ley 52 -2010 es muy claro señalando que las empresas de seguridad privada que estén funcionando con acuerdo gubernativo y ministerial deberán adecuarse a la presente ley y asegura que las empresas que se hayan readecuado conservaran todos los derechos con los mismos términos con que fueron aceptadas.

Renovación cada tres años

Una de las objeciones más frecuentes dentro del gremio de empresas de seguridad es que se les exige renovación de licencias cada tres años, con respecto a esto el Capitán Muñoz Piloña señala que no es cierto y enfatiza que eso no lo dice la ley, y que fue algo que inventaron para recoger fondos para la nueva dirección. Muños Piloña afirma que dentro el gremio hay mucha resistencia ya que las licencias no tienen razón de ser porque esas son para las empresas nuevas.

El Viceministro Eddy Juárez no está de acuerdo con lo planteado por las empresas de seguridad y afirma que ya han platicado con los empresarios de seguridad varias veces y que incluso ya existen tres dictámenes de la Corte de Constitucionalidad con respecto a este tema y que no existe otra opción más que hacer cumplir lo que dice la ley. “La ley no exceptúa, ni da permisos especiales todos deben cumplir” termino diciendo.

La formación de guardias profesionales

Según Carmen Rosa De León, las empresas contratan personas que no tienen la capacitación, ni la supervisión adecuada para ejercer el servicio de seguridad y muchas veces estas personas terminan siendo los causantes de los robos y secuestros. Muñoz Piloña dice que no se ha sacado un reglamento de capacitación por lo tanto no hay un mecanismo real y no existe un pensum para determinar lo que debe establecerse en los programas de capacitación y de entrenamiento para los guardias de seguridad privada entonces hasta donde dice la ley cada empresa de seguridad debería de tener su equipo y su programa de capacitación para su personal. Por su parte el Viceministro Juárez señala que todo está muy claro en la ley, la cual establece los tipos de responsabilidad (investigadores elementos de seguridad vip, guardias, y centinelas) cada uno tiene su perfil, tiene su nivel académico y tiene los conocimientos básicos que debe de tener. Juárez contradice frontalmente a Muñoz diciendo que el pensum ya está elaborado, y que la dirección general ya ha dado licencias a 6 empresas para que hagan los centros de formación de estas personas y además la certificación la da Dirección General, aunque ellos hagan sus cursos en las escuelas, el que da la certificación, el que emite el carnet para que puedan hacer una tarea de las que están establecidas es la Dirección General comento Juárez.

Empresas fantasmas y coberturas ilegales

Un Tema que preocupa es la proliferación de empresas fantasmas y la sospechosa tolerancia por parte de la DIGESP, sobre este tema el Capitán Muños Piloña dice que prestar cobertura implica que una empresa legal le presta su acuerdo gubernativo, uniformes, sus armas a una empresa ilegal esa es la cobertura y a cambio pide una cantidad de dinero, Muñoz afirma que esto además de ser ilegal es el origen de la competencia desleal. Sobre el mismo tema de la prestación de cobertura y el funcionamiento de empresas piratas el Viceministro Juárez explico que lo que sucede es que la DIGESP está ampliando aun sus capacidades, y no tiene toda la capacidad para ir y supervisar eso, y confirmo que las empresas que están dando cobertura están fuera de ley y que no están autorizadas y termino diciendo que esa fue una de las causales de por la cual se cerró una de esas empresas.

La cruda realidad

Según la analista política Carmen Rosa De León, los empresarios y los ciudadanos tienen una responsabilidad común de contratar a gente capacitada y acreditada legalmente, pero yo le pregunto a usted amigo lector ¿qué le diría a esos ciudadanos que no tienen 5 mil para pagar un guardia legal pero si tienen Q 2,500 o Q 3,000 para pagar a un guardia de cobertura? La inseguridad azota nuestras calles, la gente vive escondida y la seguridad ya es parte de la canasta básica, ¿Qué alternativa les damos a los guatemaltecos?.

La ley es la ley y hay que cumplirla, y como afirma el Viceministro Juárez tenemos que ser responsables, y evaluar el costo beneficio pues si yo quiero que me cuiden o que cuiden a mi familia, que cuiden mi empresa, que cuiden mis instalaciones, necesito a alguien que este certificado, yo no puedo poner en riesgo mi persona, mi familia y mi empresa con alguien que no está capacitado, la realidad es que son los propios usuarios los que están contratando a esas personas y las que se están poniendo en riesgo.

Existe un dilema entre la necesidad real y la capacidad económica. Ojala el Ministerio y las gremiales de seguridad continúen con un dialogo constructivo que sea al final de beneficio para los guatemaltecos.

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