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Seguridad ciudadana en tiempos del COVID-19

La investigadora del CIEN María del Carmen Aceña y el sociólogo criminólogo Eddy Morales exponen sus puntos de vista sobre el panorama de la seguridad ciudadana, en un contexto en el cual la ciudadanía se encuentra en un virtual “arresto domiciliario” y se avecina una situación económica que podría ser catastrófica.

Por: Roxana Orantes Córdova /  www.perspectiva.com.gt

El Ejército de Guatemala informó sobre diversos hechos que evidencian el combate al narcotráfico. Entre otros: un barco con bandera de Chipre llevaba un “parásito” que contenía droga. Esto fue en la costa del Caribe y lo detectó la Marina. Poco después, una aeronave se accidentó en Las Cruces, Petén, donde los castrenses encontraron droga y pusieron a disposición de las autoridades a un miembro del Ejército que llevaba un paquete con droga.

Horas después, en la mañana del 20, fueron capturados diez presuntos narcotraficantes y se incautaron 54 “tulas” con droga. Además, fueron incautadas motos y caballos. Un presunto narcotraficante resultó herido.

Las acciones antinarcóticas evidencian que la actividad de los narcotraficantes no se ha detenido por la situación de emergencia mundial, tal como menciona María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

Al mismo tiempo, varios hechos de delincuencia común han trascendido en el panorama noticioso. Entre estos, la muerte del médico oncólogo Jorge Luis Martínez Alemán, muerto en un asalto donde se enfrentó con delincuentes. Es raro el día en que no se sepa de algún asalto, robo o intento de asalto. Sin embargo, Aceña y Eddy Morales, criminólogo, coinciden en que los homicidios han descendido en estos días de aislamiento social.

El momento es complicado en términos de seguridad ciudadana, considerando el incremento significativo en denuncias por violencia intrafamiliar y el hacinamiento en carceletas  del Organismo Judicial debido al gran número de transgresores del Toque de Queda.

Hoy se conoció que más de tres mil empresas buscan suspender contratos y la Inspección de Trabajo registra 17000 denuncias por despidos. Muchos guatemaltecos están trabajando con ingresos parciales y miles de familias que tenían tres o cuatro ingresos se han quedado con la mitad de uno. Este panorama puede agravarse y desembocar en estallidos sociales, protestas, incremento de los asaltos y saqueos, indica Morales.

Estamos en un contexto que plantea retos significativos al gobierno, que además debe velar por el control de una pandemia que tiene al mundo en un escenario inédito. Los dos entrevistados por Perspectiva coinciden en algunos aspectos de sus respectivos análisis.

Permitir que la PNC cumpla con su misión respetando lo que indique el Presidente

“En la medida en que se respete la ley, se liberará a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), para que realicen su trabajo cabalmente”, explica Aceña, quien agrega que el cumplimiento estricto de recomendaciones como el Toque de Queda es un aval para que las autoridades puedan realizar su labor en la lucha contra diferentes expresiones de la delincuencia.

“Muchos guatemaltecos no han respetado el Toque de Queda y esto influye en que exista hacinamiento en las carceletas del OJ. Además, en el Sistema Penitenciario también hay hacinamiento y esto es muy riesgoso en un momento de epidemia. Se sabe que si bien los privados de libertad no deberían recibir visitas, uno de ellos recibió visita en la prisión, lo cual vulnera los protocolos de seguridad por el COVID-19”, expresa la analista, quien agrega:

“Aunque disminuyeron los homicidios, se incrementaron las denuncias por violencia intrafamiliar. Como recomendación, se pide a la ciudadanía que no salgan sin tener necesidad y observen todas las medidas de higiene para evitar el contagio. Además, es necesario que todos sigamos estrictamente lo que indique el Presidente”.

“La gente está como en un arresto domiciliario”: Eddy Morales

Para la seguridad ciudadana, el panorama está “complicadísimo”, señala Eddy Morales, quien indica que para comprender el panorama es necesario considerar dos aspectos: la evolución de la criminalidad y su incidencia en relación al contexto actual y el papel de la seguridad pública en la persecución de diferentes estructuras criminales.

“Es un momento propicio para que las autoridades aprovechen al máximo toda la información de inteligencia con la que cuentan. La mayor parte de grupos criminales están localizados y focalizados, lo que permitiría a las autoridades desarticular varias estructuras criminales como grupos de extorsionistas, asaltantes o secuestradores”, afirma.

Es un reto para el gobierno plantear una inmediata estrategia para desarticular esos grupos de delincuentes, como los integrados por extorsionistas que cobran cuotas semanales a comerciantes y seguramente, ahora pueden ubicarse en las áreas geográficas que las diferentes instituciones del Estado encargadas de la seguridad y el análisis de la criminalidad ya tienen “mapeadas”, agrega Morales.

Según el criminólogo, los delitos más notorios en este momento son la violencia intrafamiliar, con un incremento de 14% en las denuncias y algunos delitos contra el patrimonio, especialmente en almacenes y comercios cerrados. Sin embargo, reitera lo expresado por Aceña, en cuanto a la disminución de homicidios y asesinatos.

“Lo más preocupante es la violencia intrafamiliar. Todos estamos viviendo en una situación similar a la de un arresto domiciliario. El encierro crea conflictos de poder y dominio entre padres e hijos, parejas y entre hermanos. Es una situación grave que plantea al Estado un abordaje inmediato de higiene mental, integrando este aspecto a cualquier programa de salud”, comenta.

La violencia intrafamiliar se presenta especialmente en grupos que tienen conflictos de larga data, a los que se dificulta convivir en aislamiento, mientras otras familias integradas pueden mejorar su convivencia en un momento en que el encierro es una necesidad para todos, dice Morales, quien agrega que los 22 centros de detención podrían convertirse en focos de amotinamiento si llegaran a producirse casos de contagio en cualquiera de las cárceles.

Además, un reto complicado para el gobierno será posterior a la pandemia, cuando se manifieste una crisis económica que podría llevar a saqueos y otras acciones desesperadas de los más afectados. Esta situación será extremadamente compleja, como ya se ha visto en otros países y es de preverse en Guatemala, donde los índices de pobreza alcanzan entre el 70% y 75%.

“Este nivel de pobreza se va a incrementar. No solo la economía nacional sino la internacional serán afectadas por la pandemia y esto generará serios conflictos sociales. Por ello, el Estado debe implementar una estrategia para el control de la criminalidad pero además, otra estrategia para contener la inconformidad de la población al mermar significativamente los ingresos”, explica Morales.

Posteriormente a la pandemia, si el Estado no hubiera aprovechado el toque de queda para desarticular estructuras que ya están ubicadas, podrían incrementarse delitos como sicariato y extorsiones, agrega.

Finalmente señala que es imprescindible mantener la fiscalización sobre un presupuesto que creció Q22 mil millones. Rendición de cuentas, fiscalización constante y transparencia son tres acciones muy necesarias para evitar un mal manejo de esos fondos.

Recientemente se conoció la existencia de una presunta estructura criminal en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Alejandro Giammattei aseguró que será inflexible con la corrupción. De esta inflexibilidad dependerá que la impresionante asignación presupuestaria tenga un destino de beneficio para el país o que termine siendo otro botín y un factor de crisis que pondría en riesgo la gobernabilidad.

Los delitos más notorios en este momento son la violencia intrafamiliar, con un incremento de 14% en las denuncias y algunos delitos contra el patrimonio, especialmente en almacenes y comercios cerrados.

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