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“Se nos agotó la paciencia y a la señora ministra se le agoto el tiempo”

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“Se nos agotó la paciencia y a la señora ministra se le agoto el tiempo”

La Cámara Guatemalteca de la Educación interpuso una denuncia penal contra la ministra de Educación, Cinthya del Águila, por los delitos de incumplimiento de deberes, violación a la Constitución, abuso de autoridad y desobediencia por los cambios a la carrera magisterial.

Por: Felipe Joaquín / Redacción C4

La Cámara Guatemalteca de la Educación (CGE) es la organización más educativa más grande, que hay al nivel del país y representa a muchas instituciones a nivel nacional. A nivel de educación secundaria, los colegios privados cubren el 70%, mientras que el Estado sólo le da cobertura a un 30%.

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El presidente de la CGE, Lic. Rafael Arriaga Martínez, habló para Revista C4, y nos comentó la motivación y alcances de esta demanda penal

¿De qué acusa usted a la ministra y por qué?

-Durante 2 años la CGE ha hecho público su desacuerdo con la política educativa de la ministra de Educación, hemos intentado establecer un diálogo constructivo con ella y no hemos podido sentarnos en una mesa de trabajo -que hubierasido lo procedente-. Decidimos interponer una serie de recursos, algunos fueron bloqueados o saboteados, sin embargo, logramos 2 sentencias: una en la Corte de Constitucionalidad y otra en la Sala Quinta de Apelaciones, en el Ramo Administrativo. A pesar de haber logrado esas sentencias, no fue posible que la ministra acatara las instrucciones de las Cortes, así que ya no había otra posibilidad más que emprender la vía penal.  Se nos agotó la paciencia y a la señora ministra se le agotó el tiempo. Presentamos una demanda por varios delitos, el primero y más importante, es el de la violación a la Constitución de la República, ese es un delito muy delicado, tanto la ministra de Educación como el presidente de la República, tienen como obligación respetar, cumplir y hacer que se cumpla la Constitución de la República de Guatemala, y nosotros vimos que de una manera vil, descarada y arbitraria, ellos sistemáticamente la han violado y además,  se les imputa cargos por incumplimiento de deberes, engaño a la población en diferentes medios de comunicación, que está tipificado en el Capítulo Penal de estafa y otros engaños abuso de autoridad y desobediencia.

La Corte de Constitucionalidad dictó una sentencia en la que textualmente dice que: “el magisterio está vigente y que el bachillerato en educación, no lo está”, además le hizo ver al Ministerio de Educación que si se quisiera eliminar el magisterio, la ruta legal es emitir un acuerdo y publicarlo en el diario oficial, y sorpresivamente, la Sra. ministra del Águila, se rehusó a cumplir esta sentencia de la Corte y en franca rebeldía, lo  que hizo fue sacar a  la luz pública la comunicación No. 21 del MINEDUC, en la página del Ministerio. Hay más violaciones a la Ley Penal y las presentaremos en su momento, entre ellas, el incumplimiento de una orden de la sala 5ta. De lo Contencioso Administrativa, que ordena la inscripción (entre otras), de la carrera del magisterio, y esto cubre a todas las instituciones educativas públicas y privadas.

¿Qué artículos ha violentado, cómo y qué responsabilidad tiene en esto el Presidente de la República, Otto Pérez Molina?

-El artículo 71 de la Constitución, es un derecho superlativo, es decir, una garantía constitucional, y específicamente se garantiza la libertad de enseñanza, eso nos ampara para enseñar lo que nosotros creamos conveniente, no lo que el Ministerio de Educación pueda disponer. En Guatemala, ellos no pueden hacer eso y en este caso, el Presidente, dentro de las funciones descritas para su cargo, el primer inciso dice: “Cumplir y hacer que se cumpla la Constitución…”, él es el responsable directo de que su ministra de Educación, cumpla con la ley.

El gobierno es el encargado de orientar las políticas educativas del país y preparar un currículo apropiado para la población, ¿acaso no es esto contradictorio?

-De acuerdo con la Constitución de la República, en el artículo 73, se dice que el Estado tiene la atribución de inspeccionar el buen funcionamiento de la educación privada, pero sólo inspeccionar y elaborar, por supuesto, los planes de estudio. Eso quiere decir que preparan la malla curricular oficial que se tiene que enseñar.

Ustedes piden respeto para las carreras técnicas, ¿está en peligro la educación técnica a nivel medio?

-Las instituciones educativas privadas tienen libertad de enseñanza, eso significa que pueden enseñar magisterio, carreras técnicas en diseño gráfico, en diseño de construcción, en mercadeo, perito contador, perito en electrónica,  en fin, una serie de carreras técnicas que son lo que la clase media y la clase popular en este país, necesitan para poder trabajar, después de terminar la educación secundaria.

El Ministerio de Educación se ha empeñado en mantener un proceso de extinción paulatina de las carreras técnicas, advirtiéndonos a las instituciones privadas de educación sobre sus nefastos planes.

Las clases media, popular y trabajadora, necesitan las carreras técnicas para poder costear sus estudios y su manutención…

¿Cómo afecta esto a los padres de familia?

La Constitución garantiza en el artículo 73, a los padres de familia, el derecho a escoger qué tipo de educación se les dará a sus hijos, la ley es muy clara en esto. El Ministerio de Educación está usurpando una responsabilidad y no hay ley que les permita hacer eso. Ellos sólo pueden elaborar planes de estudio e inspeccionar la calidad de los colegios privados, pero no pueden decir qué debemos enseñar, porque ese es un derecho que les corresponde a los padres de familia.

Guatemala debe mejorar la calidad educativa, ¿acaso no es necesario para mejorar la capacidad de formación en los maestros?

-En la Cámara de Educación, somos los primeros en reconocer esa necesidad y promovemos la profesionalización del magisterio, eso es lo ideal en todo sentido; sin embargo, somos realistas y sabemos que ese es un proceso que debe impulsarse a todo nivel. Los colegios privados ofrecen un nivel educativo superior en todo sentido, somos exigentes con nuestros docentes y cumplimos con los requerimientos del Ministerio, en los temas de contratación de profesores con nivel universitario.

 

-La Constitución garantiza en el artículo 73, a los padres de familia, el derecho a escoger qué tipo de educación se les dará a sus hijos, la ley es muy clara en esto.

Integrantes de la Cámara de Educación: Padre Hugo de la Rosa, representante de la Asociación Nacional de Colegios Católicos; Lic. Mynor Álvarez, Vocal de la Cámara de Educación; Hermano Elmer Palencia, Asociación de Colegios Evangélicos y Lic. Rafael Arriaga Martínez, presidente de la CGE, al momento de presentar la demanda penal en contra de la ministra de Educación y el presidente de la República.

Demanda penal en contra de la Ministra de Educación y el  Presidente de la Republica.

 

 

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