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El Pacto Social que nos gobierna o sea, la ley que ordena emitir la Constitución Política de la República de Guatemala, no existe. Por conveniencia política o sencillamente por pura y física incompetencia de los legisladores, no han omitido promulgar ocho leyes. Un Amparo en contra del Congreso de la República pone al descubierto este atraso legislativo.

Por Redacción C4 / La Noticia Guatemala

El empresario y analista Felipe Castillo, interpuso un Amparo en contra del Congreso, por omitir ocho leyes fundamentales para el país y desobedecer el mandato constitucional.  A continuación, presentamos un extracto de la entrevista realizada por Richard Shaw en el programa “Los Protagonistas” de La Noticia en Guatemala.

¿Qué lo motivó a usted a interponer este Amparo en contra del Congreso?

– No podemos esperar que todos los períodos electorales nos vengan a decir con discursos cómo se va a cambiar Guatemala o cómo se va a componer, primero, debemos completar nuestro marco jurídico como lo manda la Constitución, la cual el 31 de mayo de 1985, le ordena a la legislatura posterior que debe hacer leyes para que se pueda organizar el Estado, cumplir con su función social-política de justicia, de desarrollo.  La Constitución representa un Pacto Social y hasta el día de hoy está incompleto. En 1985 se decretó que esas leyes tenían que beneficiarme como ciudadano, también como parte del Pacto Social y de la Constitución Política de la República de Guatemala, pero 32 años después, no se ha hecho. O sea, es un agravio personal, como decimos legalmente.  De esa cuenta, interpongo la acción constitucional, que en el expediente se identifica como 21-2019, ya me notificó la Corte de Constitucionalidad.

¿Qué leyes hacen falta?

-Son un total ocho leyes: 1) Ley de Personas Especiales y discapacitadas, 2) Ley de Pueblos indígenas y tribales, 3) Ley de Aguas, 4) Ley de Competencia y Antimonopolios, 5) Ley de Políticas Públicas, 6) Ley Preliminar de regionalización, 7) Ley de Descentralización del país, 8) Ley del Servicio Municipal, Código Tributario Municipal y otras leyes que se puedan desprender de eso. Y debo ser claro que no es una sugerencia, es una ordenanza.

¿Cuándo interpone usted este Amparo y cuál es el proceso que debe llevar?

-El informe que tengo es que después de admitirlo para su trámite, los medios de prueba que se han aportado y aceptados por la Corte de Constitucionalidad,  ellos ya procedieron a requerirle un informe al Congreso para que informe, en forma sencilla y práctica, si están esas leyes, si han sido decretadas o no.  El siguiente paso es que la Corte de Constitucionalidad, defina si me otorga el Amparo, pues en este caso, como soy el interponente, son los derechos de mi persona y como consecuencia de proteger mis derechos, van a ser beneficiados los derechos de los 17 o 18 millones de guatemaltecos, de los inmigrantes, de los que no han nacido. O sea, la protección tiene que ser plena.

¿Cómo podemos acusar a las legislaturas de no promulgar estas leyes, si los diputados se van a escudar en el hecho de que no han tenido la mayoría para obtener un consenso?  Recientemente, el diputado Enrique Álvarez comentó que la Ley Antimonopolio está entrampada y que es ridículo que seamos uno de los pocos países del mundo, que no tenemos una Ley de Competencia y de Aguas. El diputado afirma que no existe voluntad política. ¿Pretende usted que se les obligue a los diputados? ¿No es esa una situación de injerencia en la Corte de Constitucionalidad?

– Cada funcionario, cuando asume el cargo hace un juramento que dice: “juro ante la Constitución que la voy a proteger”… y eso significa hacerla cumplir. El problema es que los funcionarios desconocen el contenido de la Constitución.  ¿Cómo van a volverse servidores públicos si desconocen la ley?  Esto definitivamente, va a causar un impacto, porque es información importante el saber que la Constitución no está completa.

De esto no son sólo responsables los diputados ¿hay también responsabilidad de otros funcionarios?

-Si, en este atraso se debe deducir responsabilidades a: los presidentes que no han promovido el Pacto Social, a los ex vicepresidentes, que también han fungido como presidentes en ausencia del presidente, Juntas Directivas del Congreso, ex diputados, Procurador de los Derechos Humanos,  y Procurador General de la Nación.

¿Cuáles son los escenarios que se pueden dar frente a este Amparo?, ¿cuál es el mejor escenario?, ¿cuál sería el peor?

-Digamos que la Corte de Constitucionalidad le otorga el Amparo. Lo importe de esto, es lograr el apercibimiento que puede hacer la Corte de Constitucionalidad al Congreso en pleno, a los 158 diputados, de ponerles un plazo, porque no podemos seguir 38 años más. Se debe agendar la promulgación de estas leyes que faltan y lo que ordena la Constitución. El peor escenario es que si no las promulgan, violarían la Constitución Política de la República de Guatemala, por tanto, están sujetos a que los Tribunales de Justicia hagan su labor y también el Ministerio Público, la persecución legal respectiva, por la omisión de no haber decretado.