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Reflexiones acerca del transfuguismo

En los últimos días, se ha puesto sobre el tapete una especie de debate en torno a un agudo problema que enfrenta la política guatemalteca desde hace años. Un problema que se convirtió en un vicio deplorable, al grado de hacer inviables las más caras y sentidas aspiraciones democráticas del pueblo. Me refiero a ese asunto del transfuguismo.

 

Por Edgar Rosales  / http://gazeta.gt/

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el transfuguismo se define como: “especialmente en la vida política, actitud y comportamiento de quien se convierte en tránsfuga”. Tránsfuga, a su vez, significa: “persona que pasa de una ideología o colectividad a otra”. En el diccionario político guatemalteco habría que agregar: “motivado por razones espurias, básicamente mejores condiciones económicas particulares”.

 

El transfuguismo se puso ahora de moda, tras desvelarse las intenciones de un grupo de diputados de reformar el artículo 205 Ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, relativo a la prohibición de esa conducta oprobiosa y que, en el imaginario colectivo, no es otra cosa que quitarse la corbata de un color para colocarse una de otro. El color que mejor se adapte a los intereses del tránsfuga.

 

Pero al incluirlo en la LEPP, se volvió a caer en la tendencia, tan arraigada en el medio, de creer que los problemas se solucionan mediante leyes y nada más. Al final, ello solo oculta temporalmente las verdaderas causas del asunto conflictivo, las cuales permanecen indemnes.

 

Esa reforma fue una respuesta politiquera a las presiones ciudadanas que en ese tiempo (2016) se manifestaban con mucha fuerza. Sin embargo, la prueba fehaciente de que a los congresistas no les animaba un espíritu transformador se encuentra, precisamente, en la reforma que se pretende implantar: “Queda prohibido a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos del Congreso de la República recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra organización política, prohibición que será aplicable por tres años a partir de realizada la elección general”.

 

¿Cómo así? O sea que el transfuguismo puede ser penalizado durante tres períodos, pero inmediatamente después de cumplirse ese lapso, adquiere plena validez jurídica. Algo así como si un delito que se cometiera hoy, solo puede ser sancionado durante los tres años siguientes, porque al llegar al cuarto año pierde su condición de figura ilícita. ¡Cosas veredes!

Considero, no obstante, que desde el ángulo jurídico esta es una batalla perdida para la ciudadanía. Y es que si la Corte de Constitucionalidad se decide a lesionar profundamente el derecho de libre asociación y dictamina la validez de la reforma propuesta, se estarían asegurando los tránsfugas una victoria moralmente cuestionable, pero dotada de total respaldo jurídico.

 

En todo caso, este es un debate que tarde o temprano deberá ventilarse en el seno de los partidos políticos -actuales y futuros-, por tratarse de una práctica atentatoria contra su institucionalidad y el desarrollo democrático del país. Hablo de un debate, no solo desde el ángulo legal sino, ante todo, desde el ángulo político. Una discusión que lleve a la suscripción de compromisos éticos; a la restauración de la política como práctica social, en sustitución de su actual estilo comercial.

 

En aras de esa discusión, es preciso señalar que no todo transfuguismo es malo. Hay uno, desconocido para las generaciones actuales, cuya esencia es positiva. Ocurrió, por ejemplo, cuando la aplanadora verde de la Democracia Cristiana se dividió con una “corriente ideológica y moral” que, hastiada de la corrupción de los cuadros partidistas en el gobierno de Cerezo, buscó en su fundador, René de León Schlotter, el restablecimiento de los principios socialcristianos que habían inspirado el nacimiento de dicha organización política.

Ese tipo de transfuguismo, beneficioso, inspirador y afirmativo, no se ha visto nuevamente en la escena política y resulta saludable para el desarrollo democrático. No debe confundirse con actos como, cuando en el 2011 un grupo de diputados se separó de la UNE junto a treinta y pico de diputados, y esto nunca estuvo motivado por diferencias con Sandra Torres, como suelen proclamar. Fue un vulgar acto de transfuguismo oportunista, tanto así que se consumó al día siguiente de asegurarse la curul, para luego formar un partido franquicia y que, muy a tono con su origen, hoy representa uno de los modelos básicos de corrupción, oportunismo y mercantilismo electoral.

Reitero: el transfuguismo no se combate con leyes; ni siquiera con reformas constitucionales. Solo se elimina al retomar el espíritu de la actividad política, el retorno de las ideologías, la formación dirigencial, el compromiso social y, ante todo, la recomposición ética. Es lo único que puede conducir a ese nuevo sistema político que algunas buscan desesperadamente en inútiles reformas legales.

¿Es imposible? Tal vez. Yo todavía le cedo espacio a las utopías.

 

 

 

 

Edgar Rosales, es Periodista y escritor. Con estudios en Economía y en Gestión Pública.