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¿Qué hacemos para prevenir la tortura y otros tratos crueles?

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Guatemala se adhirió a la convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles Inhumanas o Degradantes desde 1990, y se  ratificó hasta el 2008, permitiendo la promulgación del Decreto 40-2010 y finalmente cuatro años más tarde en marzo de 2014 tras el esfuerzo de la Red de Organizaciones Sociales contra la Tortura y el acompañamiento de otros actores nacionales e internacionales la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República logró el nombramiento de los Relatores  de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, el Consejo Consultivo y la Secretaría Ejecutiva.

 

¿Cómo debería funcionar?

 

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (ONPT) es un órgano colegiado, comisionado por Congreso de la República, no supeditado a organismo, institución o funcionario alguno, actúa con absoluta independencia funcional, está conformada por cinco relatores titulares y cinco suplentes, quienes de forma conjunta están obligados a cumplir con el mandato que les ordena la ley.

 

Preocupación evidente

 

Un grupo de defensores de derechos humanos publicaron recientemente en varios medios de comunicación un comunicado en el que manifiestan su preocupación por  la falta de voluntad para cumplir con el compromiso adquirido por la

Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (ONPT), las organizaciones sociales  hacen un llamado a los relatores designados a asumir con toda responsabilidad el alto cargo para el que han sido designados y puntualmente solicitan que con la mayor premura se nombren a los cinco miembros del Consejo Consultivo de la misma Oficina , así como al Secretario de la Oficina. Los firmantes del comunicado señalan que se debe priorizar a aquellas personas idóneas y comprometidas con la verdadera defensa de los Derechos Humanos, garantizando la integridad de tan noble cargo, además enfatizan que la oficina debe mantener una verdadera independencia funcional y económicadel mecanismo, evitando convertirse en una entidad burocrática con grandes estructuras administrativas y pocas funciones técnicas.

 

Los defensores de derechos humanos le piden al Estado que cumpla con los compromisos adquiridos, que se traducen permitir el ingreso a todos los centros de detención que estén bajo su jurisdicción y hace énfasis en que la reforma penitenciaria es una obligación ineludible por parte del Estado para disminuir las condiciones que generan tortura en el país, y específicamente señalan los altos índices de hacinamiento, y  la inexistencia práctica de una oferta de justicia distinta a la cárcel, entre otros.

 

La triste realidad

 

“El 25 de marzo fueron juramentados en el Congreso de la República, los diez relatores que tienen a cargo la tarea de iniciar las funciones de la Oficina Nacional Contra la Tortura. Sin embargo, Más de tres meses después, no ha sido posible iniciar formalmente funciones, puesto que no se cuenta con el reglamento que manda la ley y  se carece de un presupuesto de funcionamiento”, declaró para C4 el Lic. Giovanni Pivaral de León, relator suplente de esta oficina.

 

Con respecto al presupuesto y la organización, ha trascendido en corrillos políticos que los relatores titulares mantienen un caos interno en el que prevalecen los intereses personales, a nuestra redacción ha llegado información con respecto al exagerado presupuesto (56 millones) que los señores relatores pretenden obtener por parte del congreso y se señala con suspicacia el hecho de que varios relatores han tenido una relación directa con el extinto FRG, que lideraba el Gral. Efraín Ríos Mont y esto es sumado a que el presidente de la comisión de Derechos Humanos Fernando Pérez, que fue también miembro del FRG. Al parecer todo es una maniobra bien orquestada para parquear investigaciones que tengan que ver con el conflicto armado interno.  Por otro lado se dice que el Lic.  Marco A. Posadas Pichilla (Juez que dejó libre al Financista del FRG y de Alfonso Portillo Francisco Alvarado MacDonald) ha sido propuesto por el Relator Roderico Pineda como secretario ejecutivo. Y para ponerle la guinda a este elefante blanco que más bien parece una feria de puestos, se escuchan rumores muy insistentes con respecto al nombramiento de 10 asesores por cada relator con salarios retroactivos de 10, 15 y 25 mil.

 

Hermetismo sospechoso

 

Nuestros redactores trataron de obtener alguna declaración sobre este tema, llamando insistentemente al Lic. Otto Marroquín, quien es actualmente el presidente de esta Oficina, sin embargo luego de haber accedido a darnos una entrevista no volvió a contestar llamadas, caso similar nos sucedió con el  Lic. Roderico Pineda.

 

Un niño lindo pero de padres negligentes

 

La Oficina Nacional Contra la Tortura, es una criatura esperada en Guatemala desde los años 90, las organizaciones que lucharon por que esto se lograra ven con tristeza como se desvanece en el pantano de la burocracia y los intereses personales este proyecto. Ojala los padres negligentes que tienen a su cargo esta criatura reaccionen y cumplan, pues de lo contrario están condenando a la Oficina Nacional Contra la Tortura, a un caso de muerte súbita.

 

 

Más de tres meses después, de haber sido creada la Oficina Nacional Contra la Tortura no ha podido iniciar formalmente funciones. No se cuenta con el reglamento que manda la ley y  se carece de un presupuesto de funcionamiento.

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