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¿Pueden los gobiernos impedir la violencia cometida por los grupos criminales?

Durante décadas, los gobiernos de toda Latinoamérica han respondido a los grupos criminales violentos con campañas militares, cuyo objetivo —muchas veces en vano— es desarticularlas o destruirlas. Estas medidas represivas con frecuencia exacerban la violencia, pero puede haber una mejor forma de manejar el problema.

Escrito por: Mike LaSusa / es.insightcrime.org

Un nuevo libro del profesor de la Universidad de Chicago Benjamin Lessing, titulado “Hacer la paz en las guerras antinarcóticos” (Making Peace in Drug Wars), propone una estrategia que llama “represión condicionada”.

El punto central de su argumento es que los gobiernos pueden impedir que las organizaciones criminales cometan violencia contra el Estado aplicando mayor represión a los grupos violentos.

Aunque el estudio de Lessing se concentra de manera específica en la violencia contra el Estado, dice que esta condición también puede aplicarse a otros tipos de conductas criminales.

“Puede usarse la amenaza de la represión estatal o la amenaza de la fuerza pública, para impedir lo que se desee”, comentó a InSight Crime.

Pero, señaló Lessing, el gobierno debe dejar en claro qué tipo de conducta pretende desalentar, y debe mostrar las consecuencias de incurrir en ella.

“Sea lo que sea que se trate de impedir, debe trazarse una línea clara”, puntualizó.

Represión en Río

Lessing explora tres estudios de caso de Latinoamérica para ilustrar cómo se han desarrollado en la práctica esas políticas condicionadas.

La “política condicionada más obvia” que se estudia en el libro, escribe, es la estrategia de “pacificación” de Río de Janeiro. Esta iniciativa se desarrolló a finales la década de 2000 para enfrentar los altos índices de violencia en la segunda mayor ciudad de Brasil, en especial en los barrios deprimidos conocidos localmente como “favelas”.

El principal objetivo de la pacificación no fue desarticular el negocio de la droga, sino establecer presencia estatal en zonas que tradicionalmente habían estado bajo el dominio de los grupos criminales.

Para lograrlo, los funcionarios notificaron con anticipación su intención de entrar en las favelas con grandes números de efectivos. Esto dio a los miembros de grupos criminales “la oportunidad de huir… o desarmarse y mezclarse en la sociedad de la favela”, escribe Lessing.

Tras ocupar la zona programada e instalar un puesto de vigilancia especial conocido como Unidad de Polícia Pacificadora (UPP), las autoridades restaron prioridad a la aplicación de las leyes contra el tráfico de narcóticos para buscar mantener en el mínimo los índices de violencia.

Inicialmente, la pacificación fue muy aplaudida por la notoria caída de la violencia en las zonas donde se implementó. Sin embargo, señala Lessing, el programa eventualmente terminó siendo víctima de su propio éxito.

“La pacificación demostró que puede reducirse la violencia”, dijo el autor a InSight Crime. “Puede convencerse a los narcotraficantes, al menos por un tiempo, de deponer las armas”. Pero, añadió, “cuando estos programas muestran éxito inicial… habrá esa demanda de replicar el programa.”

Cuando las autoridades fueron a implementar las UPP en más favelas, se redujeron los recursos. A eso siguió un resurgimiento de la violencia, que incluyó casos de abuso de fuerza por parte de la policía, lo cual debilitó el respaldo a la iniciativa.

“No pudo escalarse con la celeridad suficiente, no de manera que se mantuviera fiel a los principios del programa”, explicó Lessing.

Condicionalidad en Colombia

Lessing también pasa revista al caso de Colombia en las décadas de 1980 y 1990, en el apogeo del cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar.

Afirma que el ataque sin cuartel que emprendió gobierno colombiano contra el narcotráfico desde comienzos de los años ochenta llevó al cartel de Medellín a practicar la violencia gratuita como un mecanismo de presión al gobierno para que cambiara de estrategia.

Eventualmente, después de la elección del presidente César Gaviria en los noventa, el gobierno cambió de dirección. La administración de Gaviria presentó una política conocida como de “sometimiento”, que ofrecía beneficios judiciales a sospechosos de narcotráfico que se entregaran voluntariamente.

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Lessing sostiene que la política era condicionada, “al ofrecer implícitamente perdón por la violencia anterior con la condición de que no hubiera violencia de ahí en adelante”.

Y, argumenta, el sometimiento logró contener la sed de sangre de Escobar hasta la tristemente célebre fuga de prisión del capo, la cual dio lugar a una cacería de año y medio que terminó con su muerte.

Lessing dice que la reducción de la violencia observada en la Colombia posterior a Escobar fue el resultado de un tipo distinto de política condicionada, que un exagente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) a quien entrevistó describió como “podar el césped” —básicamente, “perseguir a los traficantes más reconocidos y que más problemas causaran para aplicarles represión y extraditarlos”—.

La militarización en México

El tercer estudio de caso del libro analiza la escalada de la guerra antinarcóticos en México, que ha sido uno de los mayores propulsores de las tasas de homicidios récord del país en los últimos años.

Lessing afirma que, pese a su gran corrupción, la política contra las prácticas de narcotráfico adoptada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México durante la mayor parte del siglo XX, fue una especie de represión condicionada que permitió contener los índices de violencia. Mientras los grupos criminales pagaran sobornos y evitaran el derramamiento de sangre, no enfrentaban represión, y por ende tenían poca motivación para recurrir a la violencia.

Este sistema comenzó a deteriorarse en la década de 1990 cuando el sistema político en México se hizo más democrático, y comenzaron a tomar fuerza otros partidos políticos que anteriormente habían quedado al margen.

Ese cambio alteró las relaciones corruptas, pero estables entre las organizaciones criminales y el Estado.

Cuando los grupos narcotraficantes comenzaron a recurrir cada vez más a la violencia, el gobierno intensificó la represión de manera no condicionada, cuyo ejemplo más evidente fue la “guerra sin cuartel” del expresidente Felipe Calderón, lo que motivó a los grupos criminales a contraatacar.

Según Lessing, la falta de condicionalidad en México es una de las principales razones para la escalada de violencia en ese país.

“¿Con tanto en riesgo, y las promesas explícitas de los líderes de no condicionar la represión al comportamiento de los carteles, es de extrañar que las negociaciones de sobornos cobraran tanta violencia?”, escribe.

Limitaciones a la condicionalidad

Si las políticas condicionadas tienen tanto éxito para contener la violencia criminal, ¿por qué no se ha ampliado su adopción?

Lessing menciona dos grandes categorías de limitaciones que según él enfrentan los legisladores al implementar estrategias de seguridad condicionadas.

El primer tipo es lo que llama “limitaciones logísticas”, como la fragmentación de las instituciones de seguridad, cuya coordinación y acuerdo unánime se dificulta a los legisladores.

Las debilidades de las instituciones judicial y de orden público también pueden afectar las políticas condicionadas, como en el caso de la aceleradísima expansión del programa de pacificación en Río.

Lessing comenta que estos tipos de escollos son relativamente “claros”. Con bastante frecuencia, lo que él llama “limitaciones de aceptabilidad” —la aversión de los políticos a parecer blandos frente al crimen o cómplices con el tráfico— son el mayor obstáculo para la efectiva implementación de las estrategias condicionales.

“La óptica de la política de drogas y la óptica de la represión condicionada son algo agrestes. Son difíciles de predecir”, observó Lessing a InSight Crime.

Citó el ejemplo de la tregua de pandillas en El Salvador, a la que se ha atribuido los pronunciados descensos en las desmesuradas tasas de homicidios, pero se implementó de una manera que terminó por afectar la tolerancia del público y la voluntad política de los legisladores para seguir las negociaciones del gobierno con los líderes de las pandillas.

“Debemos prestar atención a la manera como describimos estas políticas”, añadió Lessing. “Debemos prestar atención a la manera como se verán los impactos observables, y debemos anticiparnos a eso”.

A fin de cuentas, sin embargo, Lessing cree que las políticas condicionadas —si se implementan con cuidado— representan una alternativa válida frente a enfoques más tradicionales para controlar la violencia criminal.

“Pienso que mucha acción policial, en especial las políticas de ‘mano dura’, corre el riesgo de agravar las disputas entre carteles”, concluyó. “¿Qué debe hacer el Estado para evitar que los carteles se enfrenten? Esa no es una pregunta que nos hagamos normalmente”.

“La represión condicionada no requiere afrontar todos los problemas difíciles, por lo menos no al mismo tiempo”, añadió Lessing. “Lo que requiere es usar la fuerza represiva o coercitiva del Estado de manera más inteligente o más efectiva”.

 

“La represión condicionada no requiere afrontar todos los problemas más grandes, por lo menos no al mismo tiempo”.

“La óptica de la política de drogas y la óptica de la represión condicionada son algo agrestes. Son difíciles de predecir”, observó Lessing a InSight Crime.

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