NO a la Consulta Popular

Estamos convocados para que, en las urnas, decidamos si estamos de acuerdo en que el diferendo territorial, marítimo e insular con Belice sea resuelto en la Corte Internacional de Justicia. En el ambiente se palpa desinterés, indiferencia y desconocimiento sobre la naturaleza del reclamo de Guatemala.

Por Marco Vinicio Mejía Dávila

La Constitución Política establece en el artículo 19 de las disposiciones transitorias y finales, que: «Todo acuerdo definitivo (sobre los derechos de Guatemala respecto a Belice) deberá ser sometido por el Congreso de la República al procedimiento de consulta popular previsto en el artículo 173 de la Constitución».

 

La convocatoria a consulta popular es inconstitucional, pues no hay ningún «acuerdo definitivo» sobre el diferendo.

 

La Corte de Constitucionalidad analizó el citado artículo 19 en sentencia del 3 de noviembre de 1992 (Exp. 290 y 292-91) y concluyó que la norma «se refiere a cualquier decisión final, unilateral o bilateral, del Ejecutivo, que decida, resuelva o concluya el diferendo con Belice, la cual, el Congreso de la República deberá someter a consulta popular, de conformidad con el artículo 19 de las Disposiciones transitorias y finales de la Constitución Política.”

 

La Carta de la Organización de los Estados Americanos establece, en los artículos 24 y 25, que «Las controversias internacionales entre los Estados miembros deben ser sometidas a los procedimientos de solución pacífica», consistentes en «la negociación directa, los buenos oficios, la mediación, la investigación y conciliación, el procedimiento judicial, el arbitraje y los que especialmente acuerden, en cualquier momento, las Partes.»

 

Guatemala y Belice no han agotado todo el repertorio de los llamados «medios diplomáticos».

Durante la campaña electoral, cuando edité a marchas forzadas el plan de gobierno de Jimmy Morales «Visión de Nación 20/20», le propuse que solicitara al Congreso pedir la mediación del Vaticano (pues a Belice no le favorece un acuerdo definitivo y tampoco aprobarán en plebiscito que se defina en la CIJ). Al mismo tiempo, solicitar que el Congreso convoque a Asamblea Nacional Constituyente. Hay clamor por las reformas constitucionales, pero en lugar de un poder derivado, la ANC se constituiría en poder originario para redactar una nueva Constitución. Los diputados de esa Asamblea son diferentes a los del Congreso, con lo que habría una renovación de actores políticos y se atenderían demandas como la de CODECA, de que ésta sea pluralista y multisectorial. Mi propuesta no prosperó por la incidencia de Carlos Raúl Morales Moscoso, el anterior Canciller, quien fue destituido por informar a Thelma Aldana sobre la gestión para expulsar a Iván Velásquez. Además, la esposa y los hijos del ex ministro de Relaciones Exteriores son beliceños, por lo que había conflicto de intereses. Ahora, se derrocharán 300 millones de quetzales y se agotarán los medios de solución pacífica. Para evitar lo último, hay que votar que el diferendo no sea resuelto en la CIJ.

El ex Canciller Carlos Raúl Morales Moscoso suscribió el Acuerdo Especial con Belice para la Consulta Popular. Fue nombrado Cónsul y Secretario en Belice en 1993, después del reconocimiento inconstitucional de la independencia de Belice. Su esposa Lizette Marie Matus Castro y sus hijos Camilo Andrés y Emiliano Esteban son BELICEÑOS.

 

 

Ahora, se derrocharán 300 millones de quetzales y se agotarán los medios de solución pacífica. Para evitar lo último, hay que votar que el diferendo no sea resuelto en la CIJ.