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Los pecados de la Corte de Constitucionalidad

En Guatemala la certeza jurídica no depende de lo que está escrito en la Constitución Política de la República, sino de la interpretación que tienen de manera subjetiva y política los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

Por Redaccion C4 / Alan Mackenzie

La Corte de Constitucionalidad fue creada pensando en la  necesidad de velar por el cumplimiento de los preceptos constitucionales, en ningún momento se pensó en una Corte que se dedicara a co-gobernar  y mucho menos en una instancia supra gubernamental  que defiende los intereses políticos de sus aliados.

Profundizando sobre el tema de los “Pecados de la Corte” entreviste a varios conocedores, iniciando con la opinión del Constituyente y Licenciado Aquiles Fallace quien señalo que: “Los errores no son exclusivos de esta Corte los magistrados han usado la ley de amparo como un instrumento de poder. Los constituyentes no previnieron el actuar de la corte para las situaciones que actualmente se atribuye. La Corte de Constitucionalidad puede exceder sus funciones otorgando o negando amparos, declarando inconstitucionalidades o dando órdenes ilegales”.

Por su parte el Licenciado Giovanny Fratti, opino sobre el desempeño de la CC diciendo que: “Lamentablemente la Corte de Constitucionalidad, ya no es una instancia de defensa de la Constitución y se ha convertido en un ente corrupto y altamente politizado que no respeta los preceptos constitucionales y que acomoda sus fallos de acuerdo a intereses particulares. Los cuatro magistrados que son responsables de este caos son:  Boanegre Mejía, José de Mata Vela, Gloria Porras y Neftaly Aldana, pues ellos son la encarnación de una dictadura judicial. Debo reconocer que La magistrada Dina Ochoa ha hecho 12 fallos incidentes en donde protestó en contra de la mayoría de los magistrados”.

El ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad Roberto Molina Barreto,  comento que hay que separar la visión institucional y la actuación de los magistrados. Barreto señalo que: “La Corte tiene un mandato y es un contrapeso legítimo que protege el orden constitucional sin embargo lo que ha ocurrido –especialmente en el periodo actual- es la actuación errática de algunos magistrados de la Corte, ellos son los primeros en impedir que los organismos del Estado cumplan con su mandato y se entrometen en campos que no les corresponde, legislando, desautorizando decisiones ejecutivas, interfieren en nombramientos, impiden la elección interna en la Corte Suprema. Hoy vemos que la Corte de Constitucionalidad en lugar de proteger el orden constitucional lo  destruye. Es muy decepcionante darse cuenta que existe una influencia directa de sectores políticos en la toma de decisiones. Debo señalar que también existen aciertos pero lamentablemente son la minoría.” Terminó diciendo el ex magistrado de la CC.

Amparos a la medida

Existen muchos quejas tanto en el ambiente político como el privado, los amparos se otorgan de acuerdo a los intereses políticos de los grupos de presión y son tan descarados que se contradicen de manera vulgar.

“Corte Celestial”

Los magistrados no son eternos en sus cargos y aunque hoy son  una especie “Corte Celestial” intocable que goza de antejuicio, nada los protegerá en el futuro de enfrentar la ley por los aproximadamente 22 prevaricatos fragantes y continuados, en los cuales ellos han causado daños económicos, políticos y jurídicos terribles al país y a particulares. Cada aberración jurídica cometida tendrá que evaluarse en el futuro, estos dictadores que usurpan el poder público deben ser juzgados y es función del Ministerio Publico en la fiscalía de asuntos constitucionales perseguir el prevaricato teniendo como prueba las mismas  resoluciones.

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Ilegalidades y arbitrariedades de la Corte de Constitucionalidad

  1. Se atentó contra la Independencia Judicial   al impedir que el presidente electo en el 2018 ejerciera sus funciones y se negoció con dos magistrados de la corte suprema de Justicia que se promoviera una nueva votación.
  • Se anuló el nombramiento de varios gobernadores departamentales y se ordenó actos contrarios a lo establecido en la Constitución impidiendo la UNE  en el primer año del presidente Morales nombrar a los gobernadores tal como la constitución se lo garantiza y permite.
  • Se impidió la ejecución de la declaratoria de ¨Non grato¨ del ex Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez Gómez, hecha por el Presidente de la Republica basándose en la convención de Viena.
  • Ordeno al Congreso de la Republica dejar de cumplir su función para aprobar leyes, en varias oportunidades.
  • Limito a las facultades de la cancillería guatemalteca, llegando al extremo de pedirle que suprimiera párrafos de notas diplomáticas que advertían al ex Comisionado Iván Velásquez Gómez para que dejara de inmiscuirse en asuntos internos.
  • Retardo malicioso en asuntos judiciales que finalizo con suspender la licencia de operación de la Mina San Rafael, sin respetar criterios expresados en sentencias anteriores de esa misma Corte.
  • Retardo malicioso en expedientes relacionados con las minas ¨El Tambor¨ y ¨La Puya¨, las cuales tienen suspendidas sus operaciones por más de dos años.
  • Debido al retardo malicioso en sus resoluciones el Estado de Guatemala enfrenta demandas por más de dos mil millones de quetzales por la suspensión de las minas en ¨San José del Golfo¨ y ¨San Pedro Ayampuc¨.
  • Retardo malicioso por más de diez meses en resoluciones de expedientes que atentan contra de la independencia de la Fiscal General y Jefe del ministerio Publico, María Consuelo Porras Argueta.
  1. Suspensión arbitraria, injustificada y sin base legal de la integración plena de esa Corte, la cual impide la toma de posesión del Doctor en Derecho, Conrado Arnulfo Reyes Sagastume, como Magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, electo por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
  1. Resolución ilegal para mantener en el país al Embajador de Suecia, Anders Kompass, quien abusa de su cargo e inmunidad diplomática para facilitar la actividad de grupos desestabilizadores en contra de la libertad de los guatemaltecos.
  1. Suspensión arbitraria del proceso Constitucional de las Comisiones de Postulación para elaborar lista de Magistrados de la Corte Suprema de justicia y de las salas de la Corte de Apelaciones, para el periodo del 13 de octubre 2019 al 12 de octubre 2024.
  1. Altero los estatutos del Instituto de Jueces y Magistrados para conformar más de una planilla de candidatos. Presiono para elegir a sus delegados ante la Comisión de Postulación para listados de Magistrados de la Corte Suprema de justicia del período 2019 al 2024.
  1. Orden ilegal y arbitraria de la prórroga de funciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Salas de la Corte de Apelaciones, para periodo posterior al 12 de octubre del 2019, fecha en la que constitucionalmente deben cesar en sus cargos dichas autoridades.
  1. Apoyo político con resoluciones judiciales en expedientes de amparo para que la hoy procesada y ex candidata presidencial, Sandra Julieta Torres Casanova, pudiera participar en el proceso electoral del 2019.
  1. Extralimitación y manipulación del expediente de amparo que limito y retraso al Estado de Guatemala la suscripción pronta y oportuna con el Gobierno de los Estados Unidos de América, del ¨Acuerdo relativo a la cooperación respecto al examen de solicitudes de protección¨.
  1. Dejar asumir a diputados sin finiquito, violando la ley de amparo, ley de probidad y la constitución. El precedente es que ahora cualquier alcalde, concejal, diputado, contratista de obra pública podrá asumir un cargo público, hasta que no sea derogada dicho amparo ilegal.

(Con información de la asociación civil: Guatemala Inmortal)

Los magistrados no son eternos en sus cargos y aunque hoy son  una especie “Corte Celestial” intocable que goza de antejuicio, nada los protegerá en el futuro de enfrentar la ley

“Hemos vivido proceso de debilitamiento de la República, mediante la judicialización de la democracia”. Aquiles Faillace / Constituyente y Abogado

“Lamentablemente la Corte de Constitucionalidad, ya no es una instancia de defensa de la Constitución y se ha convertido en un ente corrupto y altamente politizado” Giovanni Fratti / Abogado / Periodista.

“Hoy vemos que la Corte de Constitucionalidad en lugar de proteger el orden constitucional lo  destruye” Roberto Molina Barreto / Ex Magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

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