Los fantasmas del 54

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Los fantasmas del 54

Por Roxana Ávila

Existe la creencia arraigada de la inviolabilidad de la soberanía de los Estados. Esta afirmación es tan dogmática como irrefutable es el poderío de las superpotencias sobre las naciones poco desarrolladas. Estados Unidos, con su poderío militar y económico, ha violado la soberanía de los pueblos en repetidas ocasiones, escudándose en el discurso político de la “seguridad global”, aunque se infiere que -en la mayoría de casos- la narrativa apunta a la protección de sus intereses económicos. La potencia del norte toma decisiones unilaterales con evidente transgresión a los tratados internacionales, como los referidos a los derechos consulares de los migrantes y la no injerencia en asuntos internos de los Estados que se suponen iguales, faltando a La Convención de Viena (1969), que en su parte conceptual expresa: “…teniendo presentes los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas, tales como los principios de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, de la igualdad soberana y la independencia de todos los Estados, de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y del respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos y la efectividad de tales derechos y libertades.” (Convención de Viena, 1969). Pero estamos viviendo un deja vù cuando vemos aflorar los fantasmas del 54 por la soberbia presencia de embajadores y representantes internacionales de derechos humanos en los juicios en contra de militares que estuvieron a cargo de las operaciones contrainsurgentes.

 

El Doctor Gustavo Porras Castejón, un ex militante de la guerrilla -en recientes entrevistas- a puesto de manifiesto su desconcierto por la forma en que se ha tergiversado el espíritu de los Acuerdos de Paz. Afirma que, para poder arribar a un acuerdo de esta naturaleza fue necesario que todas las partes involucradas (a pesar de la animosidad de la guerra y de la cantidad de víctimas por ambos lados del conflicto) se reconciliaran, obviando las diferencias. Estos acuerdos encierran en sí mismos el espíritu de un pacto para dejar atrás los rencores, odios y deseos de venganza. La amnistía para los actores principales del enfrentamiento armando patentiza ese deseo de dar vuelta a la página y continuar con un proceso necesario para el desarrollo del país.

 

El Ejército ha reconocido -en repetidas ocasiones- que se cometieron abusos por ambas partes como un hecho natural de la guerra. Estos desaciertos causaron daño a personas inocentes que se encontraron entre el fuego cruzado. Muchos civiles sufrieron la persecución y tuvieron que abandonar sus casas, campos de cultivo y medios de vida. Por ello el gobierno ha implementado formas de resarcimiento para estos pobladores con el fin de mitigar sus necesidades y proporcionarles medios de subsistencia. Sin embargo, la comunidad internacional reclama el enjuiciamiento de ex militares que, por línea de mando, estuvieron a cargo de las operaciones contrainsurgentes y, ante el señalamiento de parcialidad, también ha iniciado demandas en contra de algunos ex guerrilleros.

Se percibe una distorsión de los Acuerdos de Paz, pero lo que más preocupa es la condena política en contra del Ejército de Guatemala, a pesar de su mandato constitucional para ejercer el poder de la fuerza. En ese contexto, se sabe que el Ejército accionó para combatir a los guerrilleros porque temían que la guerra se extendiera a la ciudad, una amenaza sobredimensionada por la misma insurgencia que dio lugar al uso de fuerza excesiva por parte de los militares.

 

A pesar de la ferocidad de los combates y de los excesos cometidos, en ningún momento se planteó en las mesas de discusión que las operaciones contrainsurgentes se hicieran por motivos étnicos. Razón que esgrime el Doctor Porras Castejón para determinar que la idea del genocidio no estaba en la mente de los militares que peleaban contra la guerrilla.

 

El grave error, del cual nadie se percató antes, durante y después de la firma de los Acuerdos de Paz, fue que los actores que tendrían a su cargo el esclarecimiento y la declaración de delitos de lesa humanidad eran los mismos que tenían interés en ocupar los puestos que, de otra forma, no habrían podido ocupar por medio de las armas.

Los intereses económicos pesaron sobre los intereses nacionales y se inició la vendetta del genocidio como discurso político para la obtención de más resarcimientos, porque se dejó una puerta abierta en el Artículo 8 de la Ley de Reconciliación que textualmente dice: “La extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala.»

Con la llegada de gobernantes demócratas a la Casa Blanca, Estados Unidos viró su política exterior hacia un mayor énfasis en los derechos humanos.  La ONU se convirtió en instrumento de presión sobre los países de la región latinoamericana para exigir el juicio y condena a quien resultare involucrado en violaciones a los derechos humanos y delitos imprescriptibles como el genocidio, la desaparición forzada o la tortura.

El objetivo aparente era la pacificación de la región pero muy pronto los diplomáticos mostraron su arrogancia involucrándose, sin ningún pudor, en los asuntos nacionales. La Embajada de Estados Unidos, con el acompañamiento de otros actores de la comunidad internacional adscritos a la ONU no dudan en girar instrucciones al gobierno guatemalteco, imponer políticas públicas y exigir el complimiento de sus demandas bajo el argumento de la defensa de sus fronteras y la seguridad hemisférica.

La intervención de Estados Unidos en este tema no es nada nuevo. Porras narra que cuando se instauró la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el Comisionado Christian Tomuschat hizo caso omiso a sus declaraciones pues traía una agenda inclinada maliciosamente hacía una de las partes.

Resulta ilógico afirmar que la guerra se llevó a cabo entre el Estado y el pueblo maya, visto como enemigo colectivo del Estado. Se ha tergiversado el tema de la insurrección con el discurso del genocidio por motivos obtusos, por desconocimiento o por interés en los dineros del resarcimiento que una y otra vez se convierten en el objetivo final de los juicios políticos.

 

Existe una intención de empujar la conflictividad para continuar viviendo de la guerra en tiempos de paz. Los acuerdos internacionales ratificados pueden poner en riesgo al Estado de Guatemala, porque le obliga a pagar altas sumas que pueden afectar el presupuesto nacional. Es posible que la conflictividad se vuelva insostenible y se salga de control. No existe voluntad política para bajar la animosidad y enfocarse en el bien común. La irracionalidad ha privado en los gobiernos e instituciones que financian la conflictividad haciendo difícil la convivencia pacífica entre los guatemaltecos. La Ley de Reconciliación Nacional no se ha respetado. Las organizaciones de izquierda bajo la fachada de Ong’s pro derechos humanos con el apoyo de países como Noruega y España -ahora respaldados por la retórica estadounidense- están deformando la historia para influir en las nuevas generaciones con objetivos no muy claros. Sin estabilidad política y social no habrá estabilidad económica. Muy pronto más migrantes tomarán la ruta del norte y los norteamericanos podrían lamentar una nueva intervención en la República Bananera, como antes lo hicieron simulando el Golpe de Estado de 1954.

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