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“Lo que ocurre en Guatemala es una captura total del Estado”

La batalla por las instituciones en Guatemala no da tregua. En los últimos meses, y sobre todo en las últimas semanas, importantes grupos de poder asociados a los grandes capitales tradicionales del país han dejado claro que harán todo lo que esté a su alcance para frenar el avance de las investigaciones sobre corrupción, impunidad y crimen organizado que impulsan la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público.

Por Héctor Silva Ávalos y Felipe Puerta / InSight Crime

Del lado de quienes cuestionan las acciones de la comisión y el MP están políticos poderosos, como Álvaro Arzú Irigoyen, alcalde de la capital y expresidente del país, también investigado por posibles actos de corrupción. Este grupo se hizo con la junta directiva del Congreso, en alianza con parlamentarios relacionados con los gobiernos del expresidente Otto Pérez Molina (procesado por corrupción) y el actual del presidente Jimmy Morales.

El colombiano Iván Velásquez, jefe de CICIG, a quien Morales declaró non-grato en agosto pasado (impasse que se resolvió con un amparo a favor de Velásquez que revirtió la acción del Presidente) conversó con InSight Crime sobre esta coyuntura y el futuro que le espera al combate a la corrupción en Guatemala. Afirma que es “un momento difícil”, marcado en gran parte por la beligerancia de los actores económicos poderosos que empezaron a ser investigados por sus posibles alianzas con el crimen.

¿Cómo lee la coyuntura actual en la lucha contra la corrupción en Guatemala, a partir de la elección de la nueva junta directiva del Congreso y el discurso de enfrentamiento que ha surgido de cara a la elección del nuevo fiscal general?

La autoridad, y para ponerlo así, tan en abstracto, “el poder”, no tiene ningún interés en cambiar las cosas. No hay propósito verdadero de transformar esta realidad, por eso hay tanta reacción frente a la lucha contra la corrupción. Y por eso se oponen incluso a reformas que son importantes, pero no revolucionarias, como la que se planteaba del sistema de judicial… Hay una intención de acuerparse entre todos los sectores y las personas que saben que están comprometidas en hechos ilícitos, para impedir los avances, pero además involucra a mucha otra gente.  Yo creo que están utilizando todos los mecanismos que llevan al engaño de alguna u otra gente, cuando esgrimen por ejemplo banderas ideológicas, todas estas críticas de la persecución de “la izquierda contra la derecha”.

Visto desde las élites de Guatemala se entiende que ese discurso es un remanente de la historia reciente del país. ¿Cala ese discurso en la gente? ¿Compra el guatemalteco común el discurso de las élites dicho a través de un diputado o un analista?

Creo que el discurso sí logra ir permeando. Tal vez por la generalización y la amplitud. Uno no podría guiarse por cuáles son las tendencias en las redes sociales, sobre todo cuando existe también tanta manipulación desde allí. Pero, no sé, yo percibo algo que es diferente a toda esa euforia de 2015. No se podría hablar precisamente de un retroceso, pero el entusiasmo transformador del 2015 debía ser ahora una realidad, y el que no sea una realidad, el que esté frenado, eso tiene que tener una explicación también en las fuerzas de reacción. Claro, que se sostenga un movimiento reformador por periodos prolongados cuando no hay además una organización, cuando está toda esta espontaneidad vista en el 2015 es realmente muy difícil.

Ahora lo que vemos son núcleos organizados, que sí son un producto importante del 2015. Pero tal vez todavía sin esa mayor fuerza transformadora. Tienen fuerza, por ejemplo, para impedir las leyes de impunidad de septiembre de 2017, pero no para que se adopten las leyes que se requieren para continuar en el avance. Se pueden impedir esas leyes, pero no se puede lograr que la ley electoral y de partidos políticos, en las partes que interesan para democratizar la política y para democratizar la participación electoral, sí se consagren, que sí se adopten esas normas.

¿Cuál sería el siguiente paso?

-Sabemos que hay, por ejemplo, muchos empresarios que están preocupados por el tema del financiamiento electoral ilícito. Se sabe que el Ministerio Público y la CICIG están en investigaciones relacionadas con financiamiento electoral ilícito. Se ha dicho repetidamente que ese es uno de los principales temas de investigación en este año, como una contribución al proceso democrático para las elecciones del próximo año. Hay personas que yo tengo la seguridad que saben que nosotros tenemos información, que no hemos completado todavía la investigación, pero saben además en qué pueden estar involucrados. Estas personas en lugar de buscar la solución de sus problemas, lo que hacen es propiciar la contradicción, la confrontación y la descalificación.

Entonces, quieren ver si, o nos amilanamos o salimos, o no podemos continuar con las investigaciones. Y cuando eso viene de niveles importantes en el país no sé logra también en ellos una transformación de su mentalidad… Es el mismo tema de atemorizar con Venezuela: Para mí es increíble que personas de un nivel, digamos de una posición de dirección o en la escala social de un nivel más alto, crean racionalmente que es posible convertirse en Venezuela, o que con la lucha contra la corrupción se está buscando el triunfo de la izquierda.

Porque otra cosa es que se maneje publicitariamente, que se pretenda incidir en el temor a la población, y entonces es simplemente un instrumento de manipulación.

Al principio se refería al “poder en abstracto”. Las acciones de CICIG y el MP nos revelaron en el pasado a un tipo de grupo de poder, más relacionado con narcos, con grupos de inteligencia militar, pero ahora estamos hablando de la investigación de los grupos reales de poder, los grupos del poder económico de Guatemala. ¿La presión sobre ustedes cambió cuando empezaron a investigar a las élites económicas?

-No digo que sea precisamente económico, aunque claro que tiene bastante influencia. Esto es lo mismo por lo que desde el 2014 el diseño de las líneas investigativas de CICIG parten de una hipótesis: la captura del Estado. Lo que las investigaciones han demostrado es que, efectivamente, eso es una realidad. Y entonces cuando se producen fenómenos de captura del Estado, que no son los problemas de la cooptación específica o sectorial, sino que es realmente una captura, uno podría decir prácticamente total del Estado. Es además un proceso que se va desarrollando en el tiempo y que es lo que nos ha permitido también afirmar que la corrupción no es un tema coyuntural, no es de este gobierno, o de estas personas, sino que es un tema estructural, que ya es un problema del sistema corrupto.

Por ejemplo el tema del narcotráfico: ¿el narcotráfico tiene control sobre el Estado? Hay evidentemente unas acciones del narcotráfico que muestran, por ejemplo, que en administraciones municipales, en territorios del país, ese control existe. ¿Significa que esa es la captura del Estado a la que nos referimos?, ¡no!, pero hace parte.

¿Por dónde empieza entonces la liberación del Estado de la que habla?

-El problema es llegar a la disección de esa captura del Estado y decir: “si se interviniera esto se lograría realmente una transformación”. Esto además está vinculado con el mandato de la CICIG, que nos da legitimidad para intervenir en esa discusión. Pero además este debe ser el propósito de todo Estado en unas condiciones como éste, y que así existe en muchos de los países de América Latina.

El primer interés de intervención debe ser sobre la rama judicial para lograr un organismo judicial realmente independiente e idóneo. Yo creo que allí empieza la posibilidad más real de liberación y de recuperación del Estado. El fortalecimiento institucional debería partir del fortalecimiento de la justicia.

Cuando encontramos como sucede en Guatemala que no hay Ministerio Público en 90% de los municipios del país, y que donde existe es realmente débil, que aún las fiscalías especializadas en la capital son fiscalías débiles; que no hay una capacidad de respuesta frente a la criminalidad de todo tipo… Es como lo decía la fiscal en esta semana: el Ministerio Público es la puerta de entrada de la ciudadanía a la justicia, y si esa puerta está cerrada entonces hay que fortalecer este proceso de construcción democrática que nosotros decimos.

Una lectura que he escuchado mucho es esa lectura pesimista, que sí puede haber un paso atrás y que, al final del día, el objetivo último sea que este poder que está en el Estado, o que tiene secuestrado al Estado, logré de nuevo cerrar la puerta del MP eligiendo a un fiscal o una fiscal que no va a trabajar con CICIG, que va a ser débil, y que simplemente va a revertir todo.

 ¡Es posible! Es muy difícil decir: en todo caso se logrará nombrar un fiscal que no esté comprometido en la lucha contra la corrupción, yo creo que no se puede afirmar eso, ni decir lo contrario tampoco. Hay personas en la comisión de postulación que yo creo que tienen bastante claridad sobre esto, y personas que espero cumplan responsablemente la función que tienen encomendada. Pero es necesario además un acompañamiento social. Ellos están persuadidos de la gran responsabilidad que tienen en este momento, y supongo que deben sentir una gran presión de todos lados, de quienes propugnan por un fiscal que le dé continuidad al trabajo que se viene adelantando y quienes propugnan por un fiscal que, disminuya, frene o se desentienda.

¿Garantiza la veeduría ciudadana la aplicación de los mecanismos legales en los que se sustenta la acción de la Comisión? ¿Es la presencia de los decanos de las universidades una garantía?

 Formalmente, pero en la realidad, eso no es una garantía. En el 2014, la última experiencia de comisión de postulación para cortes —Suprema de Justicia y Apelaciones—, supimos, en una parte por la denuncia de (la ex magistrada) Claudia Escobar, es que las magistraturas fueron distribuidas entre los dos partidos mayoritarios: los dirigentes el partido del gobierno y el partido supuestamente de la oposición.

La esperanza es que la vieja idea de los constituyentes, cuando establecen las comisiones de postulación –diciendo que la vinculación de la Academia en la selección de los altos funcionarios, fiscal general y magistrados va a permitir que la idoneidad, la capacidad, la honorabilidad como dice la propia constitución política– sea la que guíe la selección de esos funcionarios del Estado. Que esa sea realmente la convicción de los comisionados es la aspiración que todos deben tener. ¿En qué medida eso se hace efectivo?, eso ya es el otro problema.

¿Cómo afecta a la institucionalidad del país todo el tema del financiamiento electoral ilícito, que usted mencionó como una de las prioridades de CICIG y el MP?

-Lo que hemos percibido a través de la investigación del financiamiento electoral ilícito es ¿de qué manera tantos recursos del Estado obtenidos ilícitamente y de particulares fueron a parar a las campañas políticas?

Lo anterior establece una desigualdad evidente entre los contendientes que pueden declarar una cantidad de acuerdo con los límites establecidos en las leyes pero que, en realidad, invierten por decenas de más, sobrepasando.

¿No sería lo ideal que se pudieran establecer normas y controles y que todos se sometieran para una discusión que signifique mucho más en términos de propuestas y no de capacidades económicas? ¿No es en la democracia ideal con lo que siempre soñamos, en la discusión de los programas de gobierno y que la población opte por uno de esos, una de esas propuestas? Pero no esto que ha ocurrido con tanta frecuencia o permanentemente, aquí y en muchos otros países.

¿Qué pasa si elige un fiscal o una fiscal que, como usted plantea, no colabora con el trabajo de CICIG?

-Las investigaciones tienen elementos probatorios muy poderosos, hay una gran fuerza en la estructuración de los casos que, presentado a un fiscal de cualquier naturaleza. Dada la robustez de los elementos probatorios, un fiscal que no acepte continuar adelante con una investigación en un caso de esos, está conscientemente sabiendo que se está actuando ilegalmente.

Y eso, quedar en evidencia en unas condiciones de esas, es realmente complicado. Porque esto no es problema de interpretación, no es inclusive fundamentalmente un problema de valoración del testimonio. Naturalmente hay prueba testimonial, pero son casos que están construidos mucho más sobre documentos o interceptaciones telefónicas, los análisis financieros que son pruebas, digamos, más materiales que la credibilidad que un testigo pueda tener.

Cuando se presenta una investigación de esa naturaleza, un fiscal general tendría que optar conscientemente por la impunidad, no es una equivocación. De manera que, ocurriendo eso, nosotros continuamos con nuestras investigaciones. Actuamos en apoyo al Ministerio Público, que además esa es la manera como está prevista la acción de la CICIG, y presentamos al Ministerio Público, en acción con los fiscales, todos los elementos recogidos en una investigación. ¿Que se imponga un freno para que esas investigaciones no se judicialicen?, yo creo que eso es realmente difícil. Tal vez por eso algunas personas que saben cómo funciona consideran que lo hay que hacer es frenar a la CICIG; es una mayor garantía.

 

La corrupción no es un tema coyuntural, no es de este gobierno, o de estas personas, sino que es un tema estructural del sistema corrupto.

 

El primer interés de intervención debe ser sobre la rama judicial para lograr un organismo judicial realmente independiente e idóneo.

Lea la entrevista completa en: https://es.insightcrime.org/