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La ley para discapacitados no tiene “dientes” “El respeto por los derechos de las personas con capacidades espéciales no existe”


MEDIA PÁGINA REVISTA 2La ley para discapacitados no tiene “dientes”                             “El respeto por los derechos de las personas con      capacidades espéciales no existe”

¿Cómo están siendo tratados las y los ciudadanos con algún grado de discapacidad? ¿Qué ley les protege? ¿Cuál es la situación de los afectados? El Diputado Christian Boussinot, de la Comisión Extraordinaria de Asuntos Sobre Discapacidad, aborda el tema y señala las deficiencias de la ley.

Por: Carolina Macías / Revista C4

El decreto que es 135-96 regula todo lo que tiene que ver con los ciudadanos guatemaltecos con discapacidad, ¿es una ley práctica, se cumple actualmente, y cuáles son los vacíos legales que contiene?

-La Ley Nacional para tratar los asuntos de discapacidad  es obsoleta, se debe actualizar. En la Comisión Extraordinaria de Asuntos Sobre Discapacidad, hemos visto que a pesar de que existe un decreto en donde se establece cuáles son las condiciones mínimas y básicas que se deberían tener para tratar a las personas con discapacidades, su aplicación es casi nula. El respeto por los derechos de las personas con capacidades especiales no existe ni en entidades de gobierno, ni en las municipalidades y muy poco en la iniciativa privada.

¿Cómo se puede obligar a las instituciones públicas y privadas para que respeten la ley?, ¿qué tipo de sanciones contempla la ley actual?

-Ese es el problema, no hay un reglamento, no hay sanciones, es un decreto sin “dientes”, es un Decreto en donde se dice que hay que tratar bien a las personas con discapacidad, pero no se regula ni se establecen multas o sanciones. Por ejemplo, el servicio de buses urbanos debería tener facilidades de acceso a las personas con discapacidad. Todas las instituciones públicas deberían tener conciencia de esto, es más, si uno va a una municipalidad en Alta Verapaz, en Huehuetenango o incluso aquí, en el departamento de Guatemala, muchas veces no va a encontrar ni siquiera una rampa para entrar con silla de ruedas.

En la Comisión Extraordinaria de Asuntos Sobre Discapacidad, estamos tratando de empezar a hacer cambios reales, reformando el decreto 135-96, y creando un reglamento con sanciones, que obligue a las empresas y a las instituciones públicas a cumplir la ley. Proponemos que sea el CONADE (Consejo Nacional de la Discapacidad), el encargado de velar por la implementación de la ley.

¿Qué otros aspectos afectan a los ciudadanos con capacidades especiales?

-Debemos ver todos los aspectos de la vida. Hay que mejorar en temas como la Ley del Deporte, que también ha marginado a las personas con discapacidad, y el apoyo que el Gobierno le da a las instituciones que ayudan a los discapacitados, no es suficiente, hay deficiencias médicas, en la atención, en formación del personal que está en las instituciones públicas, no hay políticas  para que las personas con algún tipo de discapacidad reciban un trato digno, y muchas veces, son víctimas de discriminación. En nuestro país, hay aproximadamente 2 millones de personas con algún tipo de discapacidad, ya sea visual, auditiva o física, es decir, un 12% ó 15% de la población total de Guatemala, y a pesar de esta realidad, no hay una política integral de atención en las instituciones públicas y privadas.

Se debe promover una integración a la vida productiva y digna. Una discapacidad no es un pecado o un crimen y todos los afectados merecen tener oportunidades dignas de trabajo y estudio.

-Considerando la coyuntura electoral que se aproxima, ¿está el Tribunal Supremo Electoral, consciente de las necesidades especiales de este 12% de la población?

-Los dirigentes de CONADE  y representantes de la comisión sobre Discapacidad del Congreso de la República, nos reunimos con el pleno magistrados del Tribunal Supremo Electoral y les planteamos la necesidad de atención especial a las personas con discapacidad en el día de las elecciones, percibimos muy buena voluntad en los magistrados en tratar este asunto y nos comentaron que estaban viendo cómo poner las facilidades para las rampas y mesas, para que las personas no videntes voten, desgraciadamente, parece que no existe presupuesto para cubrir estas necesidades.

En nuestro país, hay aproximadamente 2 millones de personas con algún tipo de discapacidad, ya sea visual, auditiva o física, es decir, un 12% ó 15% de la población total de Guatemala, y a pesar de esta realidad, no hay una política integral de atención en las instituciones públicas y privadas.

El TSE, solicitó que se incluyera en el POE.

 

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