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La dictadura de los Jueces

La Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, de la cual soy firmante en mi calidad de Diputado a la Asamblea Nacional Constituyente de 1985; ha sido transformada en un instrumento de poder del Tribunal Constitucional, entidad la cual nunca fue concebida como un árbitro supremo de la gobernabilidad del país, y el cual mediante la discrecional aplicación de dicha ley se ha constituido en un supra poder no contemplado en la Constitución Política de la Republica, logrando autoridad y ejecutando actos de poder sobre los mismos poderes del estado.

Por Aquiles Faillace

Entre el caos institucional, la desesperanza ciudadana y la cultura del autoritarismo, vimos como a través del tiempo se erigió un gran árbitro del actuar nacional mediante la aplicación de una ley, que nunca tuvo la intención de lograr dicho propósito.

 El artículo 9 de la ley en mención claramente enuncia el espíritu del Constituyente al promulgar dicha ley: PODRA SOLICITARSE AMPARO CONTRA EL PODER PUBLICO.  Es decir, la intencionalidad es siempre una protección al ciudadano contra el poder. Es un “dejar de hacer “y nunca el trasladar la facultad de legislar de una Asamblea Constituyente, hacia el ente encargado de resguardar dicho espíritu.

A través de un lento proceso de debilitamiento de la República, mediante un proceso de judicialización de la democracia, vimos como el sistema para lograr el bien común se ha ido desmoronando. 

Hemos sido testigos de cómo el mismo poder público solicita amparo contra sí mismo. Es un contrasentido que instituciones como la SAT, el Ministerio Público, los propios Diputados al Congreso de la República, incluso la Vice-Presidente y los mismísimos Magistrados de  la Corte Suprema de Justicia, soliciten la protección contra el poder público que ellos mismos representan y ostentan, y en el vacío generado hábilmente a través de varios periodos, los magistrados a la Corte de Constitucionalidad han ocupado ese espacio de poder absoluto, representado por la frase: “Las sentencias de la Corte de Constitucionalidad se cumplen y no se discuten”. 

¿Cómo puede un tribunal Constitucional terminar por decidir materia fiscal o penal?

Es sin embargo la tesis del presentado que en dichos casos se debe ejercer la política del “auto control”, es decir, la Corte tiene que “poder decidir no decidir”.  Esto se puede lograr mediante un procedimiento de rechazo in limine de cualquier acción de amparo donde el solicitante sea o un miembro o un representante de una institución del poder público.

Es la definición de la legitimación para el planteamiento de dicha acción, la que en el término inicial demarca la discrecionalidad del juez constitucional. ¿Cómo puede un particular encontrar agravio en una acción general? Y ¿Cómo puede justificarse el trámite de un proceso así? Y ¿Cómo puede justificarse que, en la resolución de un planteamiento particular, el estado de derecho y la constitucionalidad misma sean afectadas?

Y es en la resolución final de dichas acciones que la figura de una dictadura emerge. Si las decisiones no son de índole política logradas mediante el consenso sino sentencias unilaterales, ¿Cuál es la diferencia con una dictadura? ¿Nos encontramos acaso en la disyuntiva del ejercicio sin límite del poder o al borde de la ingobernabilidad?

Si las decisiones no son de índole política logradas mediante el consenso sino sentencias unilaterales, ¿Cuál es la diferencia con una dictadura? ¿Nos encontramos acaso en la disyuntiva del ejercicio sin límite del poder o al borde de la ingobernabilidad?

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