0 4 mins 1 año

Ante las graves violaciones de los Derechos Fundamentales en el departamento de Alta Verapaz


Manifiesta que:


De conformidad con la Constitución Política de la República y la legislación vigente, es responsabilidad del Estado, sus instituciones y de sus funcionarios el asegurar a todos los guatemaltecos el pleno goce de sus derechos y garantías constitucionales.

El respeto a estos derechos genera certeza jurídica a todos los ciudadanos, característica de todas las sociedades libres y que a su vez es la base de su unidad y prosperidad. Todo ser humano debe poder gozar del derecho a ser respetado por los demás en su integridad personal y patrimonial.

Es inadmisible consentir la pasividad del Estado y de sus autoridades ante la creciente y continuada violación de los derechos fundamentales de toda la población, especialmente el irrespeto a la vida y la propiedad privada. Esto evidencia la falta de voluntad y la incapacidad del Estado de implementar protocolos efectivos ajustados al ordenamiento legal vigente que garanticen su cumplimiento, protección y agilidad por parte de todas las autoridades que corresponde.

En los últimos días y en el pasado cercano en el departamento de Alta Verapaz han ocurrido acciones violentas, flagrantes y mortales, y, con notoria e injustificable violación y ausencia real de las garantías constitucionales de campesinos y finqueros, que hace necesario reflexionar sobre la falta de acciones efectivas por parte del Gobernador departamental, el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y el Procurador de los Derechos Humanos y otras autoridades competentes.

La consistente y pasiva complicidad de la institucionalidad y la ejecución de acciones inútiles e ineficaces por parte de las autoridades competentes evidencian la necesidad e importancia en la construcción, fortalecimiento y sostenibilidad del Estado de Derecho para todos los guatemaltecos en toda la República.

Se busca la anhelada certeza jurídica y la correcta aplicación del imperio de la ley.


Por lo tanto


Exigimos a todas las autoridades competentes, especialmente al Ministerio Público, Policía Nacional Civil y Organismo Judicial, que ejecuten todas las acciones que conforme a la ley corresponden, capturando a los sindicados y ejecutando sin demora las órdenes de desalojo para evitar más daños a la vida y a la propiedad privada de las personas en Alta Verapaz y en el resto del territorio nacional, reprendiendo y castigando con la dureza que la ley exige a quienes participaron de estos actos violentos, pertenecientes a grupos que dañan al Estado y a toda su población, tales como el CUC, el CCDA, la Fundación Turcios Lima y otros.

Animamos a los buenos guatemaltecos que sumen su voz en la exigencia de legalidad, justicia y certeza jurídica en todo el país.


Por una Guatemala libre, soberana e independiente

                                                                              Nueva Guatemala de la Asunción, agosto de 2020