La revisión de la actual coyuntura, por parte de la coordinadora de la Unidad de Análisis Estratégico en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), Catalina Soberanis, se basa en un análisis prospectivo llevado a cabo desde el PNUD en 2014, y que se concluye “dos días antes que estallara el escándalo de La Línea” en 2015, menciona la académica.  En ese escenario, destacaba que “a pesar de todo el mundo decía que estaba agotado el modelo de ejercicio del poder en Guatemala, nadie pensaba que iba a haber cambios importantes” agregó durante la introducción de su conferencia para la Asociación CAMINEMOS.

Por Carlos Rogal / C4

¿Qué comentarios sobre la situación nacional arrojó ese estudio de 2015, que se finalizó días antes de que estallara la actual crisis?

-Luego de 48 encuestas con diversos líderes, todo el mundo coincidía en que, si bien el modelo de ejercicio del poder estaba agotado, nadie, entre todos los actores sociales, estaba dispuesto a hacer cambios más que moderados.

Cuando se da la crisis de 2015, se demuestra que fueron elementos externos a los actores sociales involucrados los que intervinieron y generaron esa ventana de oportunidad o ese período de transición más acentuado que hemos vivido desde abril de 2015.  La CICIG y el MP fueron quienes abrieron este espacio que aún no se ha cerrado, pero que, cada día enfrenta mayores dificultades a causa de la polarización y las tensiones políticas.

Ya con la crisis de 2015 instalada, ¿cómo fueron Uds. validando los diversos escenarios que iban produciéndose en el campo socio-político del país?

-Evaluamos los escenarios que iban surgiendo, con diversos sectores sociales.  Nos reunimos con varios de los grupos de jóvenes que habían emergido en las movilizaciones en la Plaza, con académicos, empresarios y grupos sectoriales.  Todos coinciden en la necesidad de que hubiera un cambio.  Fue así como se elige a un candidato, a quien no estaba previsto que tuviese opciones de ganar la elección.

Ese escenario se esta moviendo aceleradamente hacia lo que denominamos como de gobernabilidad precaria.  Caracterizado primero, por intentos de reinstalarse de parte del viejo orden, de la misma forma de hacer negocios y política.

¿Qué se entiende por ese concepto de crisis de Estado?

-Ya no se trata de una mera crisis de gobernabilidad o una crisis institucional.  Sino que ya escaló a una crisis de estatalidad que significa que nuestro estado, tal y como está configurado, no es viable.

Algunos hablan de estado fallido, pero un estado fallido es uno que no funciona.  Pero nuestro Estado había llegado a ser funcional para cierta forma de hacer negocios y de hacer política que no lo convertía en un estado fallido.

En los últimos análisis que se hacen sobre el narcotráfico se llega a catalogar a Guatemala como un narco- Estado o lo que se conoce como un Estado Canalla, delincuente, que llega a convertirse incluso en una amenaza contra la seguridad (de otras naciones).
Pero, ¿quién nos califica así?  ¿Quién es el que ya nos está perfilando como ese estado criminal?… Es Estados Unidos, que utiliza ese término para definir lo que consideran como una de las amenazas más importantes para su seguridad.  Este tipo de Estado se caracteriza por el debilitamiento de los controles que se tienen sobre el territorio.  Aparecen extensas áreas en donde no tiene control territorial y este es sustituido por actividades ilícitas o por organizaciones criminales, pero también por sistemas de control social difuso.

¿Qué significa “control social difuso”?

-Que en algunos lugares no se puede circular si no hay el permiso de las autoridades locales (indígenas).  Algunas de las cuales tienen un origen ancestral, pero otras se han autoproclamado como representantes de sus pueblos y se proyectan en actividades de resistencia en contra de proyectos mineros o hidroeléctricos y  están tomando verdadero control territorial,  a eso es lo que le llamo los controles sociales difusos, porque no se puede identificar muchas veces a sus liderazgos o sus autoridades, pero no se puede decir que se trate de organizaciones puramente criminales.

Esto del “derecho indígena” tiene una historia larga dentro de la Constitución?

-Debemos reconocer que la (Asamblea Nacional) Constituyente (años 80) había sido avanzada en este sentido.  Que los procedimientos de administración de justicia, de organización y de formas de toma de decisiones sociales ya estaban reconocidos en el artículo constitucional # 66 al 70, pero que la misma Constitución decía que estos debían desarrollarse con una ley específica (que nunca fue emitida).

Es por ello que las Cortes, en los diferentes tribunales le han dado valor de cosa juzgada a situaciones que han sido resueltas por la justicia indígena.

Todos los factores anteriores son locales, de la política criolla… Pero ¿y la participación de otros actores, externos más directos, como los EE. UU?

-Otro hecho reciente que incide en la situación actual es el nombramiento del nuevo Embajador de los Estados Unidos, Luis Arreaga, con un perfil mucho más alto que el que estaba saliendo, (Tod Robinson), perfil por cierto vinculado a la temática de seguridad y gobernabilidad en el mundo.

El nuevo embajador proviene de las estructuras de combate al narcotráfico pero, además, viene de países africanos con altos problemas de gobernabilidad en los cuales el Embajador contribuyó –por medio de la política de EE. UU.- a identificar motores de desarrollo, particularmente grupos empresariales que estuviesen dispuestos a invertir para no solamente fortalecer la democracia sino darle salida a proyectos de desarrollo.

¿Se considera que la economía ha sido la gran afectada por la actual crisis?

La economía empezaba a pagar los costos de esta crisis.  Los indicadores que meses antes se calculaban de un crecimiento del 3% ya han sido recalculados a la baja.  Los primeros que se asustan de las crisis son precisamente los capitales.

Muchas empresas estaban considerando trasladarse a Nicaragua. Algunas otras estaban dejando de invertir.  Pero también, como suele decirse en algunos ámbitos: la gasolina que movía a una gran parte de la economía era la corrupción… La contratación estatal, la obra pública en la que empresas vinculadas a los diputados desarrollaban proyectos de infraestructura en los departamentos.  Mucha de esa obra pública que estaba vinculada a la corrupción.

Entonces, en la medida en la que los procesos penales están impactando en la desestructuración de esa economía vinculada a la cooptación del Estado, se está paralizando también esa inversión; particularmente la inversión en infraestructura.

Si a esto agregamos los candados que se introdujeron en el presupuesto nacional, ello impacta en la economía, definitivamente.

Mientras, que las remesas, continúan siendo un sostén para la economía  y por otro lado  la evaluación del quetzal hace que las exportaciones sean menos competitivas,  se afecta a los exportadores la apreciación del tipo de cambio.

¿Cuáles eran los principales reclamos del Presidente contra la CICIG?

-Que se acude a los medios de comunicación, los famosos jueves de CICIG donde las personas presuntamente implicadas prácticamente son juzgadas por la opinión pública.

Y luego, el abuso de la prisión preventiva. Porque prácticamente, para todos estos delitos no están contemplado el uso de medidas alternativas a la prisión preventiva.  Se piensa que hay un abuso de la prisión preventiva, pues algunos de quienes cometieron estos delitos podrían ser beneficiados ya sea con arresto domiciliario o el arraigo para salir del país, pero que no necesariamente tendrían que ir a la cárcel como, efectivamente, el código procesal penal establece.

 

“Ya no se trata de una mera crisis de gobernabilidad o una crisis institucional.  Sino que ya escaló a una crisis de estatalidad que significa que nuestro estado, tal y como está configurado, no es viable.” Foto tomada de www.plazapublica.com

 

Catalina Soberanis, es una mujer de amplia experiencia política, en la foto aparece acompañada de Roberto Alejos, Guillermo Pellecer y Alfredo García S. quienes al igual que ella participaron en la redacción de la Constitución Política de la Republica de Guatemala.