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EEUU: un imperio en retirada. A propósito de la Ley Helms-Burton y Cuba

Estados Unidos es una gran potencia, la exposición máxima del capitalismo desarrollado. Desde la llegada de los primeros conquistadores británicos a suelo de América del Norte en el siglo XVI, su empuje capitalista fue arrollador.

Por: Marcelo Colussi 

Por años EEUU, estableció el ritmo de la economía, la política, la cultura y la supremacía militar en todo el globo. El primer Estado obrero y campesino del mundo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pasó a ser su gran enemigo. La Guerra Fría (enfrentamiento en el plano ideológico que no llevó al choque directo a estos dos grandes países, pero que se libró en terceras naciones, quienes pusieron los muertos y la destrucción) fue, para Estados Unidos, una forma de neutralizar el ideario socialista, y un gran negocio (la industria militar pasó a ser fundamental en su economía).

La gran potencia fijaba las reglas de juego de todo el mundo capitalista, haciendo de su moneda, el dólar, el patrón obligado de toda transacción comercial. Pero algo comenzó a suceder.

Estados Unidos, desde la Doctrina Monroe de 1823 en adelante, consideró a América Latina como su natural patio trasero, su depósito de recursos naturales y mano de obra barata, además de mercado obligado para su producción.

En 1959 se da la primera revolución socialista en Latinoamérica, en Cuba. Posteriormente aparecen nuevas «irreverencias» contra el imperio: la Revolución Sandinista en Nicaragua en 1979, la Revolución Bolivariana en Venezuela hacia 1998 con su proclamado socialismo del siglo XXI y la nacionalización de las reservas petroleras.

Cualquier intento de contestación al imperialismo capitalista en lo que la clase hegemónica norteamericana y su gobierno, la Casa Blanca, consideran como su «espacio natural» en Latinoamérica, fue siempre torpedeado. La Revolución Cubana, desde su mismo inicio en 1959, fue un peligro a enfrentar para la política exterior de Estados Unidos.

Algo similar le está sucediendo hoy a Venezuela, asediada en forma brutal por el imperio a través de todos los medios inimaginables, no descartándose la posibilidad de una intervención militar.

Cuba sigue siendo un ejemplo de dignidad y soberanía; de ahí que, al igual que contra Venezuela y contra Nicaragua, ahora se redobla la agresión por parte del imperio. La Revolución Socialista de Cuba es un «mal mensaje» para los pueblos vecinos. Por eso debe silenciarse.

En realidad, en Cuba el bloqueo comenzó casi inmediatamente después de producida la Revolución, a partir de una orden ejecutiva del por entonces presidente John Kennedy, estableciéndose la prohibición de comerciar con la isla, la interdicción para barcos estadounidenses de llegar a puertos cubanos, la proscripción de realizar transacciones financieras con el gobierno de La Habana, todo lo cual fue endureciéndose paulatinamente. Las formas de tratar de contrarrestar la Revolución fueron interminables. Invasiones armadas, ataques bacteriológicos, sabotajes de los más variados, intentos de magnicidio contra el líder Fidel Castro, guerra psicológica, y un inmisericorde bloqueo económico, sistematizado en su momento por dos instrumentos jurídicos: la Ley Torricelli (aprobada en buena medida con fines electorales por el entonces presidente George Bush padre para ganar el electorado anticubano de Florida, en 1992), y posteriormente por la llamada Ley Helms-Burton, en 1996, bajo la presidencia de James Carter.

Ricardo Alarcón en su prólogo al estudio de Frances Stonor «La CIA y la Guerra Fría cultural»: «Las leyes Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996) proclamaron abiertamente sus propósitos de derrocar al régimen revolucionario valiéndose también de la subversión interna con el empleo de grupos respaldados por Washington. Desde entonces encaramos dos proyectos Cuba: el que lleva a cabo clandestinamente la CIA desde 1959, y el que desde los noventa corre a cuenta del Departamento de Estado y la llamada Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID)«.

En 1996 es aprobada la «Ley para la Libertad y la Solidaridad cubanas (Ley Libertad)». La misma fue presentada por Jesse Helms, Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y Dan Burton, Presidente del Comité de Asuntos Hemisféricos de la Cámara de Representantes. «Es hora de apretar los tornillos«, dijo Helms. «El último clavo en el ataúd [de Fidel Castro]», agregó Burton, al momento de presentar la iniciativa. La ley, ya aprobada, se conoció desde entonces como Ley Helms-Burton. Intenta sistematizar y codificar todos los intentos de agresión y bloqueo económico del imperio contra Cuba, fijándola como política exterior oficial de Washington, inmodificable.

Contiene cuatro capítulos: el primero de ellos, para fortalecer el bloqueo; el segundo establece un programa de restauración del capitalismo; un tercero que permite enjuiciar a los inversionistas que inviertan en propiedades estadounidenses nacionalizadas durante la Revolución (que nunca entró en vigencia); y un cuarto que niega visas a aquellas personas que trafiquen con propiedades reclamadas por Estados Unidos, impidiéndoles a ellos y a sus familiares ingresar en el país del Norte al no otorgarles visas. Al mismo tiempo establece la figura de un presunto «virrey», nombrado por Washington, que coordinaría todas las acciones tendientes a restablecer el sistema capitalista en la isla, negándosele en la tarea toda participación a cubanos que hayan formado parte de la Revolución.

El bloqueo, de todos modos, no se levantaría hasta tanto no se haga efectiva la devolución de todas las propiedades de ciudadanos estadounidenses, o se estableciera una compensación económica, estimada por algunos cálculos norteamericanos en aproximadamente 100,000 millones de dólares. Por lo pronto, la empresa petrolera de origen estadounidense Exxon-Mobil acaba de presentar una demanda en un tribunal federal de Estados Unidos contra Cuba-Petróleo –CUPET–, propiedad del Estado cubano, y la empresa CIMEX S.A. –encargada de manejar las remesas–, por una refinería, gasolineras y otros activos incautados en 1960, pidiendo un reclamo de alrededor de 70 millones de dólares.

Como puede apreciarse, la iniciativa de hacer entrar en vigencia ese capítulo de la Ley Helms-Burton (el Título III) busca eternizar el bloqueo hasta lograrse el fin buscado desde siempre por la clase dirigente estadounidense y su administración en la casa de gobierno: terminar con la experiencia socialista en Cuba. Distinto a lo que sucede en Venezuela, donde sí hay recursos naturales imprescindibles para la economía estadounidense, en Cuba se trata de un mensaje político: «cualquiera que se intente ir de la égida de Washington lo pagará caro«. La injerencia es desvergonzada, absoluta; para patética evidencia, además de la ley en su conjunto, la Sección 115 donde se establecen «lícitas las acciones de inteligencia contra Cuba, para cumplir los propósitos del bloqueo«.

A partir del pasado 2 de mayo, el gobierno de Estados Unidos no busca la protección de antiguos propietarios norteamericanos sino que es una maniobra más para asfixiar y poner de rodillas la Revolución. En realidad es parte de un diabólico plan pensado por la actual dirigencia de la Casa Blanca, ultra reaccionaria y visceralmente anticomunista (Donald Trump, Mike Pompeo, John Bolton, Mike Pence, Elliot Abrams, Marco Rubio), tendiente a desarticular cualquier intento de soberanía nacional en la región, y ratificar a fuego la tristemente célebre Doctrina Monroe: «América para nosotros; China y Rusia ¡fuera de aquí!«

De aplicarse enteramente el Título III de este instrumento jurídico, todo cubano perdería inmediatamente cualquier certeza jurídica respecto a cosas mínimas y elementales, como la casa donde vive, la comunidad donde está su vivienda, la escuela a la que concurren sus hijos, el sitio donde está emplazado el centro de salud al que asiste, el terreno donde cultiva, su centro de trabajo. Evidentemente, es una medida perversa para intentar asfixiar a todo un pueblo, porque cualquier persona podría ser objeto de una reclamación. Ello tiene efectos económicos, y más aún: políticos y psicológicos. En otros términos: busca desesperar. Es una repugnante forma de ejercer presión. ¿Qué haría el lector, por ejemplo, si ahora se entera que una empresa norteamericana viene a reclamarle su casa como propia y le pide una cuantiosa indemnización en dólares? Es demencialmente perverso.

De hecho, la Ley Helms-Burton no tiene valor en territorio cubano porque es una ley extranjera, válida solamente en Estados Unidos. Un Estado soberano no puede aplicar una ley externa a su territorio; eso va diametralmente en contra del derecho internacional. Pero para la prepotencia estadounidense, por lo que se ve, eso no importa.

 «La ley persigue varios propósitos. En primer lugar, internacionalizar el bloqueo económico, tratar de que la comunidad internacional, lejos de repudiar el bloqueo económico como hace año tras año, se incorpore al sistema de sanciones contra Cuba«, analiza Fernández de Cossio. Del mismo modo, busca «disuadir, inhibir la posibilidad de que capital extranjero llegara a Cuba en la modalidad de inversión extranjera«.

La actual profundización de la agresión contra Cuba es un acto inmoral, absolutamente reñido con el derecho internacional y las normas mínimas de convivencia civilizada. De esa manera, Estados Unidos echa al traste toda la construcción civilizada que implican las normas mundiales de sana y pacífica convivencia, el derecho internacional y los esfuerzos concentrados en la Organización de Naciones Unidas. Pero ello parece no importarle.

«Esta nueva provocación [de la entrada en vigencia plena de la Ley Helms-Burton] se estrellará frente al sentido unitario del pueblo cubano«. Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba

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