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Conflicto de intereses y violencia jurídica

La actual Corte de Constitucionalidad está politizada, sus fallos pasan por encima de la ley y atentan en contra del espíritu de la separación de poderes del Estado. Sus decisiones están contaminadas con intereses políticos que no se pueden ocultar.

Por Alan Mackenzie / Revista C4

Los magistrados que integran la actual Corte de Constitucionalidad “CC”, son los más señalados en la historia de esta institución, sus fallos representan un atentado al Estado de Derecho, a los principios de la República y la dignidad de los jueces.

En cualquier parte del mundo, un juez que se encuentra involucrado en un asunto judicial no puede entrar a conocerlo y si tiene conflicto de interés, la ética profesional lo obliga a inhibirse. No hacerlo lo sitúa como un juez comprometido con el veredicto.

Los poderes fácticos representados por una izquierda resentida y los intereses mercantilistas de la corrupción tradicional han llevado de la mano los dictámenes de la actual Corte que pretende dominar la elección de los futuros Magistrados de las Cortes y Sala de Apelaciones, para salvaguardar sus intereses y los de sus allegados políticos y comerciales.

Lo que dice la ley

El artículo 170 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, establece lo siguiente, refiriéndose a los magistrados: “Cuando a su juicio, por tener interés directo o indirecto, o por estar en cualquier otra forma comprometida su imparcialidad, los magistrados podrán inhibirse de conocer, en cuyo caso se llamará al suplente que corresponda”.

Esta norma es bastante clara al establecer que cualquier forma en la que la imparcialidad, el interés directo o indirecto de los magistrados puedan influir en la forma en que resuelva un caso, ellos podrán inhibirse. Esta norma busca proteger el debido proceso, la justicia debe dictarse de forma objetiva e imparcial. Aunque la norma establece a los magistrados la inhibitoria de forma facultativa y no obligatoria, si éste no se inhibe de conocer ante una causal evidente, además de la responsabilidad legal por su resolución, deja constancia de una falta muy grave a la ética y a la dignidad del cargo.

Los conflictos de interés:

Los casos en los que ha existido un conflicto de interés y abuso de autoridad son muchos. Para ilustrar el tema hemos escogido algunos que son relevantes.

PRIMER AUTO AMPARO: Este es un caso inédito, en el que un magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad integró quorum con otros magistrados y se juzgó a sí mismo (expedientes acumulados 162-2019 y 176-2019). El magistrado titular integró quorum y conoció sobre un Amparo en única instancia, sobre el cual tenía interés directo, era evidente que su imparcialidad estaba totalmente comprometida, pues él era juez y parte interesada directa de los expedientes acumulados que resolvió, juntamente con el resto de los magistrados que integraron quorum. El Amparo que en su momento, permitió que los magistrados se recetaran un auto Amparo fue presentado por la PDH y hay que resaltar que el señor procurador tiene dentro de su nómina de empleados a la esposa del magistrado titular, Francisco de Mata Vela quien era uno de los acusados.

CASO VELÁSQUEZ ZÁRATE: La empresa Global Corp Int. presentó una querella en contra del exfiscal general del MP, José Amílcar Velásquez Zárate por los delitos de desobediencia, malversación, abuso de autoridad, omisión de denuncia, incumplimiento de deberes, resoluciones violatorias a la constitución, incumplimiento de pago y encubrimiento propio e impropio. La empresa interpuso recurso de apelación y, la Corte de Constitucionalidad, integrada con Gloria Patricia Porras, dentro del expediente 4588-2015 mediante sentencia del veintiocho de junio de dos mil dieciséis, declaró sin lugar el Recurso de Apelación y denegó el Amparo planteado por Global Corp Int. con lo cual dejó firmé la desestimación del proceso penal seguido contra Velásquez Zárate. El portal electrónico de la página de la CC, específicamente en el Directorio de Empleados y Servidores Públicos, se evidencia que desde el año dos mil dieciséis el licenciado Velásquez Zárate laboraba como abogado asesor V en la magistratura a cargo de la abogada Gloria Porras. Se infiere que el implicado abogado Velásquez era su amigo y asesor V en la magistratura a su cargo.

CASO OFICINITA: La oficina de espionaje fiscal conocida como “la Oficinita” fue creada por la SAT en la época del superintendente Solorzano Foppa y fue acusada de realizar investigaciones ilegales. Sus actos fuera de la ley fueron señalados públicamente revelando que la Gerencia de Investigación Fiscal -GIF- que en su momento dirigía el Sr. Jorge Raúl Van Der Henst, estaba cometiendo actos ilícitos. El Sr. Van Der Henst, fue destituido luego de que dos “misteriosos” incendios fueran provocados en esa dependencia. El caso llego a la Corte de Constitucionalidad en donde la Magistrada Gloria Porras, entró a conocer el tema, pero recientemente, en el portal informativo “Frente por la Verdad”, se publicó una fotografía de la boda del ex gerente de la GIF, Sr. J. Raúl Van Der Henst en donde aparece la magistrada Porras como encargada de la ceremonia, demostrando así un claro conflicto de intereses por su cercanía personal. En este caso, el dictamen fue a favor de la SAT.

CASO VIVA, UNE Y SEMILLA: Es curioso ver cómo, en el año 2016, se le denegó el derecho a asumir la curul al diputado electo por el partido VIVA -de derecha- Edgar Zamora usando como fundamento el hecho de que él no tenía finiquito, y los mismos magistrados, 4 años después, se olvidan de ese dictamen y le otorgan un Amparo a los diputados Lucrecia Hernández Mack (Semilla) y Carlos Mencos (UNE), ambos de izquierda. ¿De dónde vendrá la afinidad tan marcada de esta Corte para beneficiar a esta corriente política y especialmente a la UNE? ¿Qué deuda política se cobra reiteradamente?

Un nuevo “auto Amparo” y la situación actual

En la coyuntura actual se repite la acción inapropiada del auto amparo, pero con el agravante de que los magistrados involucrados se auto amparan otra vez, a solicitud del procurador de los Derechos Humanos, (con relación directa al magistrado De Mata Vela), pero es aún peor, debido a que intervienen los magistrados Boanerge Mejía y la actual presidenta de la Corte, magistrada Gloria Porras. ¿Sera esto una coincidencia?

Los diputados al Congreso de la República, a diferencia de lo sucedido en el auto amparo anterior, se han negado a ceder ante la arrogancia de la Corte de Constitucionalidad y están dispuestos a darle trámite al antejuicio y es que la injerencia de la Corte Constitucional sobre las actividades legislativas ha colmado la paciencia de los congresistas que no están dispuestos a someter la soberanía de sus funciones a un poder externo.

Lucha por las Cortes

La urgencia por controlar la Corte Suprema y las Salas de Apelación es un botín político que atrae los intereses de todos los que pretenden tener injerencia en procesos jurídicos actuales y futuros. Los magistrados a la CC saben que en las futuras Cortes estarán los togados que tendrán en sus manos las decenas de causas en su contra.  Los magistrados han violentado los derechos y perjudicado los intereses de empresarios, personas particulares, instituciones de gobierno y funcionarios, incluyendo al mismo Estado de Guatemala.

La señora Dora Luvia Ruiz Méndez, es coordinadora interinstitucional de la PDH, y su esposo, el magistrado Francisco de Mata Vela no se inhibe de entrar a conocer Amparos presentados por ésta por el procurador, Lic. Jordan Rodas, lo cual demuestra un claro conflicto de interés.

Esta imagen corresponde a la boda de Jorge Raul Van Der Henst, ex encargado de la Gerencia de Investigación Fiscal-GIF- conocida como la oficinita y en ella está presente la magistrada Gloria Porras, quien es su momento entró a conocer el caso presentado en contra de la SAT y específicamente en contra de la GIF.

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