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La Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG) establece que el interés social prevalece sobre el interés particular. Este mandato constitucional debería considerarse previamente a emitir una licencia de construcción, una aprobación de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o cualquier autorización para tala de bosques, especialmente en áreas urbanas en las que cada vez hay menos espacios verdes, menos parques, y menos cobertura boscosa.

Por Carlos Rafael Cerezo Blandón

Ya no es suficiente, tomar en cuenta solo la propiedad privada ya que los bosques y el agua que existe en un terreno privado debe considerarse como parte del patrimonio natural de la nación (arto. 97 CPRG) e incluso es de interés nacional la conservación de dicho patrimonio así como lo es la obligación de crear parques nacionales y municipales (arto. 64 CPRG).

En este sentido, es inconcebible que se esté tan siquiera considerando autorizar la tala de un bosque completo en medio de la ciudad de Guatemala y autorizar la construcción  o más bien la destrucción de estas áreas verdes que como se reitera, son patrimonio natural del municipio, aunque se encuentre en una propiedad privada. Ni la Municipalidad, ni el MARN ni el INAB deben autorizar la destrucción de este bosque en detrimento de toda la población. De hecho, esa decisión debería ser motivo de una consulta popular por ser trascendental para el municipio y el departamento.

Y reitero lo escrito hace algunos días: “…Ninguna ciudad es recordada por sus centros comerciales, pero sí por sus parques, sus monumentos, sus sitios turísticos y culturales y por la calidad de vida digna de sus habitantes…”

La población debe continuar organizándose para proteger su flora y su fauna. Utilizar los mecanismos legales necesarios. Exigir que las autoridades cumplan con velar por ese bien común e interés social, y pensar en ideas novedosas para salvar las áreas verdes. En algunos países, los ciudadanos (as) han colaborado para comprar el terreno y convertirlo en un parque a perpetuidad. Para el efecto, se podría pedir ayuda al gobierno central, a la municipalidad o incluso a la comunidad internacional. De hecho, el estado central cuenta con recursos sin utilizar en estos momentos, que podrían usarse para estas áreas verdes públicas abiertas como medida de mitigación al COVID-19.

En otros lugares, han llegado al extremo de ¡abrazar a los árboles para evitar que los corten! Busquemos opciones, pero unámonos tod@s para salvar las áreas verdes de nuestras ciudades.


“La población debe continuar organizándose para proteger su flora y su fauna. Utilizar los mecanismos legales necesarios” comentó Cerezo Blandon. En la fotografía se puede ver a vecinos protestando por la construcción en Cayala exigiendo un estudio independiente de impacto ambiental.


Carlos Rafael Cerezo Blandón, es Abogado y notario, catedrático universitario y promotor de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y de las candidaturas ciudadanas sin partido político.