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Alianza para la Prosperidad en Centroamérica: ¡Ninguna prosperidad!

Lo que sucede en los países del Triángulo Norte afecta directamente la seguridad y el interés económico de Estados Unidos y otros países de la región” declaro recientemente el Secretario de Estado de Estados Unidos Rex Tillerson.

Por Marcelo Colussi / mmcolussi@gmail.com

Los tres países del denominado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), presentan datos socioeconómicos indicativos de una tremenda situación para sus poblaciones (entre el 50 y 60% de sus habitantes bajo la línea de pobreza). A esa pobreza estructural y crónica se suma el hecho que los índices de violencia delincuencial reinantes (en buena medida producto de ese estado de empobrecimiento) son alarmantes. Toda la región sufrió en décadas atrás sangrientos conflictos armados lo cual potencia una cultura de violencia asumida como normal en muy buena medida, dado que los respectivos Estados no han trabajado adecuadamente las secuelas dejadas por las guerras. Esa explosiva combinación de pobreza y violencia, sumada a una corrupción e impunidad históricas por parte de los gobiernos, hacen la vida cotidiana sumamente difícil, por lo que infinidad de habitantes de la región marcha en circunstancias irregulares a los Estados Unidos en búsqueda de mejores condiciones de sobrevivencia.

 

“American dream”

 

Independientemente que esa migración sea un verdadero calvario (de cada tres personas que lo intentan solo una llega a destino, al “american dream”; otra es devuelta en alguna frontera, no logrando entrar a territorio estadounidense; y otra muere en la travesía), una vez llegados a Estados Unidos, los trabajadores precarios –indocumentados, siempre escondiéndose de las autoridades, denigrados por el racismo imperante– envían remesas a sus respectivos países. En Guatemala las mismas constituyen un 12% del PIB, en tanto que en Honduras y El Salvador representan el 15%. Los gobiernos, aun sabiendo el martirio que constituye el hecho de ser un “mojado”, intentan desentenderse del problema, pues esa entrada de divisas soluciona en alguna medida la precariedad de los presupuestos familiares locales.

 

Países dependientes: patio trasero”

 

Guatemala, Honduras y El Salvador, son naciones dependientes y ubicadas en una zona especialmente importante para la geoestrategia de la potencia imperial de Estados Unidos, constituyen parte de lo que Washington considera su natural “patio trasero”. La frontera Sur del imperio hoy por hoy pasa por el llamado Triángulo Norte de Centroamérica; es por ello que en esa región se está bajo la hegemonía estadounidense en todo. Es por esa razón, entonces, que un principal actor de la política nacional del área –quizá el principal– sea la embajada estadounidense. “En Estados Unidos no hay golpes de Estado porque no hay embajada yanqui”, se ha dicho acertadamente. Tan es así, que el reciente candidato presidencial hondureño Salvador Nasralla pudo decir sin la menor vergüenza: (…) “Estados Unidos, que es quien decide las cosas en Centroamérica (…)”

 

Estados Unidos, en tanto primordial potencia capitalista mundial, no está en la misma condición de absoluto liderazgo como cuando terminara la Segunda Guerra Mundial en 1945. En la arena internacional compite con otros polos, como es el caso de la Unión Europea o Japón; pero más aún, con la influencia política y militar– de China y Rusia.

 

La aparición china y rusa en la región enciende sus alarmas. De hecho, la República Popular China está presente en Nicaragua a través de la construcción del canal interoceánico, llevado adelante por la empresa de Hong Kong HK Nicaragua Canal Development, y la Federación Rusa se expande por medio de sus inversiones mineras. Además, en ambos casos, de una presencia comercial y cultural crecientes.

 

El continente al sur del Río Bravo sigue siendo su área de dominio, es de esta región de donde obtiene una muy buena parte de recursos para su economía, la que es considerada como reserva estratégica para su proyecto de hegemonía global en el presente siglo. Aquí encuentra petróleo, agua dulce, minerales estratégicos y biodiversidad de las selvas tropicales. Los países del Triángulo Norte centroamericano, para su propia desgracia, tienen mucho de esos recursos.

 

Si bien Centroamérica no representa un gran mercado para la economía estadounidense (apenas el 1% de su comercio exterior), tiene un valor estratégico tanto como reserva de recursos como en lo político-militar. Por eso no la descuida. Esto puede explicar, por ejemplo, la forma en que buscó a toda costa cerrarle el paso al candidato presidencial Manuel Baldizón en Guatemala en las últimas elecciones, pues éste, aun siendo un acaudalado empresario, claramente de derecha en términos ideológico-políticos, abría la puerta a las inversiones mineras rusas. O explica también cómo apoyó el virtual golpe de Estado recientemente en Honduras, ayudando a establecer un monumental fraude electoral para cerrarle el paso a un candidato socialdemócrata opositor como Salvador Nasralla, aupando a un neoliberal en la presidencia –Juan Orlando Hernández–, personaje que garantiza la continuidad de políticas pro-Washington, incluso apoyando una abierta represión para el caso. El celo del imperio es muy grande, y su presencia sigue siendo determinante en la dinámica política de estos tres países.

 

Plan de la prosperidad

 

Este plan, al menos teóricamente, constituye un esfuerzo del gobierno de Estados Unidos para mejorar las condiciones internas de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, para evitar así el aluvión de población migrante. Se centra básicamente en abordar los factores estructurales que impulsan el continuado éxodo de población centroamericana, dejando de centrarse en iniciativas de contención y seguridad, históricamente con un carácter más punitivo que de fomento al desarrollo. En esa perspectiva hasta podría creerse que este plan es un avance significativo, pues podría ayudar a paliar en algo la pobreza crónica de la región centroamericana.

 

Originalmente, cuando fue aprobado por el presidente Obama, el plan preveía una asistencia de 1,000 millones de dólares para el área, durante cinco años, a distribuirse equitativamente entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero rápidamente vinieron los cambios. El Congreso estadounidense aprobó durante la anterior administración demócrata apenas 750 millones de los 1,000 solicitados, reduciendo así la cifra inicial. Esta ayuda constituiría solo el 20% de los recursos necesarios para implementar el Plan; el resto lo deberán poner los Estados del Triángulo Norte con fondos propios e inversiones privadas, más préstamos que otorgarán el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero ya con la presidencia del republicano Donald Trump el fondo aportado por Estados Unidos se redujo a 460 millones de dólares, cantidad que aún debe ser aprobada por el Congreso para el presupuesto 2018.

 

Cuatro líneas estratégicas:

 

1)  Estímulo al sector productivo para crear oportunidades económicas que mejoren la situación de la población;

2)  Desarrollo de oportunidades de crecimiento integral;

3)  Mejora de la seguridad pública y

4) Mejoramiento del acceso al sistema legal con el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales para aumentar la confianza de la gente en el Estado.

 

Supuestamente la iniciativa busca la revitalización de la economía regional, lo que traería la prosperidad al crearse un buen clima para el desarrollo de negocios. Esa bonanza serviría para hacer que la población, más “próspera” entonces, no salga en torrentes como migrante en búsqueda de mejores condiciones. Para la implementación del plan se busca la atracción de la inversión privada (en buena medida extranjera, dado que los capitales nacionales no tendrían la suficiente capacidad para promover el desarrollo anhelado), el lanzamiento de proyectos de modernización de infraestructuras a gran escala, la reducción de costos de energía y la promoción de sectores como el textil (maquilas), el turismo, y la agroindustria. Los programas sociales ocupan un lugar secundario.

 

Está claro que la prosperidad de la que se habla se concibe desde una lógica neoliberal. Léase entonces: “teoría del derrame”. La inversión privada generaría buenos negocios, y el crecimiento de la economía traería, por derrame, el beneficio de las grandes mayorías populares. ¡Monumental engaño!, pues está más que demostrado que eso nunca funciona así. O, al menos en los países periféricos, los llamados del Tercer Mundo, donde se invierte porque la mano de obra es sumamente barata comparada con la de los países desarrollados y donde los Estados nacionales garantizan situaciones de abierta explotación, esa teoría del derrame es una pura falacia. Quien se beneficiará serán los grandes capitales nacionales y, fundamentalmente, las inversiones estadounidenses. La actual industria extractivista (minería a gran escala, hidroeléctricas, monocultivos extensivos para la agroexportación) evidencian por dónde va la prosperidad: para la clase trabajadora no hay nada de eso.

 

En otros términos: habrá prosperidad para los inversionistas (nacionales y extranjeros), a costa de las grandes mayorías populares (salarios bajos y en malas condiciones con el agravante de un ataque directo al medio ambiente, pues la mayoría de proyectos se darán en el marco del exctractivismo más descarnado.

 

Dudas sobre el programa

 

 

Teóricamente esta iniciativa de seguridad, que acompaña a la Alianza para la Prosperidad, tiene cinco objetivos: 1) crear calles seguras para los ciudadanos de la región; 2) desbaratar el movimiento de criminales y el contrabando en y entre los países centroamericanos; 3) apoyar el desarrollo de los gobiernos guatemalteco, hondureño y salvadoreño como fuertes, capaces y responsables; 4) restablecer la presencia efectiva del Estado, los servicios y la seguridad en las comunidades en situación de peligro y 5) fomentar mayores niveles de coordinación y cooperación entre los países de la región, otros socios internacionales y los donantes, a fin de combatir las amenazas a la seguridad regional.

 

La prosperidad parece que deberá seguir esperando para las grandes mayorías de a pie. Y la migración irregular –supuesta razón de la Alianza para la Prosperidad– no parece que vaya a terminar con todo este montaje.

 

Está claro que la prosperidad de la que se habla se concibe desde una lógica neoliberal. Léase entonces: “teoría del derrame”.

 

 

De los actuales 460 millones de dólares asignados al Plan, 348,5 millones, es decir casi el 46% del total de los fondos de la Alianza para la Prosperidad, están destinados a la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI, según la sigla en inglés).

 

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