Hace algunos años, Brasil reaccionó indignado cuando el Director General de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Pascal Lamy, afirmó que la Amazonia debía ser transformada en “Patrimonio de la Humanidad”, junto a otros “bienes públicos globales”.

Por Óscar Platero

Brasil repudió cualquier afirmación que atentara contra la soberanía sobre sus recursos naturales. Desde entonces, rechaza la tesis del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que sostiene que los países amazónicos sólo son “detentores temporales” de esa región. Algunos políticos estadounidenses afirman que la Amazonía, como el principal pulmón de la humanidad, debería ser manejada por Naciones Unidas (brazo político internacional de sus principales financistas) y no por Brasil y los países que comparten ese territorio.

Durante las últimas décadas, Brasil aumentó las inversiones estratégicas en sus Fuerzas Armadas.  Sin embargo, políticos desconocedores de la geopolítica y geoestrategia mundial, manifestaron fuerte oposición a los gastos militares.  Ante la pregunta de ¿por qué la necesidad de destinar recursos para desarrollos militares y tecnología brasilera? La respuesta fue que su crecimiento económico lo llevó a ser considerado dentro de las potencias emergentes (BRICS),  que representan el 43% de la población mundial, además, la defensa de sus riquezas naturales.  Los BRICS, son un bloque económico y político de primer orden, que está cuestionando el actual orden mundial.

Brasil posee las mayores reservas de agua dulce del mundo, recurso estratégico de valor incalculable en un mundo cada vez más sediento. La administración y defensa de las reservas acuíferas es desde ya, sin duda, uno de los grandes temas de la política internacional del Siglo XXI. La Amazonia juega un papel de primer orden para el equilibrio climático global y un 63% se encuentra dentro de territorio brasileño.

Luego de presentar sucintamente el marco referencial, y dar un vistazo a las aviesas intenciones de las potencias hegemónicas occidentales sobre la región, debemos evaluar rápidamente la realidad hidrográfica guatemalteca y recalcar que, a pesar de la histórica disponibilidad de agua superficial y subterránea, las  evidencias tales como ríos secos en la costa sur y lagos y espejos de agua en proceso de desaparición en todo el territorio nacional, aunado al incremento de las demandas de la población por el vital líquido en el área metropolitana y los municipios del departamento de Guatemala, destacan como  afloran cada vez más conflictos por el uso del agua en varios puntos del país. La distribución espacial de la lluvia es muy irregular y la disponibilidad natural del agua no coincide con las crecientes demandas. Las laderas de las montañas expuestas al tránsito de los vientos húmedos reciben las mayores cantidades de lluvia, sin embargo, las áreas menos expuestas como el altiplano, reciben cantidades de lluvia menores, haciendo crisis en la región oriente del país.

En las regiones altas que reciben menor precipitación, el flujo de agua es menor y es ahí en donde se asienta la mayor cantidad de población, siendo éste el caso del área metropolitana, de las 10 cabeceras departamentales más pobladas y de más de 130 cabeceras municipales. Es imperativo afirmar que el agua es un recurso natural de carácter estratégico porque responde a necesidades vitales, y procesos ecológicos esenciales. La impostergable gestión estatal es un tema político con proyección regional, continental y global, y por lo tanto de Seguridad Nacional.

El Estado de Guatemala debe garantizar a sus habitantes el acceso al vital recurso y medidas para protegerlo. Por el bien de la Nación, se deben anteponer los intereses del país antes que los intereses personales, y ante la creciente conflictividad a la que el Gobierno ha cerrado los ojos, debe  exigirse que asuma su papel dirigencial con responsabilidad.

La atención que presta el Estado al problema es indolente. Tal parece que la ausencia de Estado que se manifiesta en muchos otros temas, hace crisis en éste en particular. El país no cuenta con una Ley Nacional de Aguas ni con un ente regulador, por lo que NO garantiza el derecho humano al agua. La defensa de nuestros recursos naturales como parte de la Seguridad Nacional del Estado guatemalteco, será tema de una columna posterior. Es tiempo de privilegiar los GRANDES TEMAS NACIONALES, y éste es uno de ellos.

Más del 90% de las fuentes de agua tienen contaminación bacteriológica y residuos fecales provocando enfermedades diversas, y “los gobiernos municipales” hacen mutis ante el nulo tratamiento de aguas residuales y contaminadas